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La norma aprobada por el Senado reemplaza la ley 22.285 de la dictadura militar y busca garantizar la democracia, los derechos humanos, el pluralismo y la promoción del empleo y contenidos nacionales. Además, reparte el 33% de las emisiones al sector comunitario. Los puntos salientes.

Democracia y derechos humanos:

La libertad de expresión es un derecho de todos, no es de un grupo. La ley consagra además derechos individuales como la privacidad y a la propia imagen. Se garantiza el derecho social a la comunicación. Las instituciones de la democracia (oposición parlamentaria, Comisión Bicameral, y las provincias en el Consejo Federal) por primera vez integran la Autoridad de aplicación.

Pluralismo:

Establece principios de pluralidad en el acceso a los servicios audiovisuales a través de prestadores de carácter privado comercial, social sin fines de lucro y público previendo un acceso equitativo a todas las plataformas disponibles. Se reconoce el derecho a la comunicación de los pueblos originarios.

Acceso a nuevas tecnologías:

Promueve la construcción de una sociedad del conocimiento y la información mediante el acceso e inclusión en las nuevas tecnologías para la producción de bienes y servicios culturales.

La digitalización del sector audiovisual favorecerá el ingreso de nuevos operadores, en tanto que el triple play deberá ofrecer mejores posibilidades de acceso a los usuarios. Los prestadores de servicios públicos deberán garantizar, en forma previa, el acceso de la competencia a su propia red.

Federalismo y amplitud:

Se reemplaza el directorio militar que aún establece la ley 22.285 por un organismo colegiado con participación del Ejecutivo y de la oposición parlamentaria, así como un Consejo Federal que integrará a todas las provincias y a todos los actores (públicos, privados, sociales, universitarios y de pueblos originarios) en la futura autoridad de aplicación. El Parlamento tendrá funciones de seguimiento y evaluación a través de una Comisión Bicameral.

Participación ciudadana:

Se crea la Defensoría del Público, cuyo titular estará facultado para verificar el cumplimiento de la ley en nombre de los ciudadanos/as de todas las provincias.

Las licencias durarán 10 años y su renovación requerirá la participación de los vecinos/as en las Audiencias Públicas que deberán opinar sobre el funcionamiento de los respectivos servicios.

Promoción del empleo y contenidos nacionales:

Los servicios audiovisuales estarán en manos argentinas (70 % de capital nacional) y deberán observar cuotas de producción de contenidos nacionales, así como porcentajes de producción propia, local e independiente que aseguren puestos de trabajo para artistas, periodistas, locutores, operadores y realizadores culturales en todas las regiones. Se establece una cuota de pantalla para el cine nacional y las artes audiovisuales.

Diversidad y pluralismo:

Se promueve la pluralidad de voces y la diversidad, limitando la alta concentración mediática y las prácticas anticompetitivas.

Para ello se establecen topes a la cantidad de licencias (10 a nivel nacional y 3 en lo local) en manos de un mismo propietario y cuotas máximas de penetración de mercado (35%) en los servicios televisivos.

Se fomentan además las condiciones de competencia en la producción y distribución de contenidos mediante la regulación de la propiedad cruzada de soportes audiovisuales (TV abierta/TV por cable o Plataforma de distribución/Señales de contenidos), tal como ocurre en los países más desarrollados.

Libertad y responsabilidad:

Todos tienen libertad para opinar. La ley propone un Consejo Asesor del Audiovisual y la Infancia que promueva contenidos para mejorar la calidad de los contenidos dirigidos a los niños.

También estimula la producción de contenidos educativos y culturales, así como el respeto a la igualdad de género y la inclusión de sectores con discapacidad.