Material enviado por Lic. Jorge Mancuso
La suma de lo que recibirán por coparticipación de retenciones de la soja Córdoba y Santa Fe apenas superaría el monto de recursos públicos transferido a Aerolíneas Argentinas el año pasado. En la lógica fiscal prevaleciente, los 6,4 millones de habitantes de esas provincias son menos prioritarios que los 10 mil empleados de la empresa área. Con este criterio de asignación de los recursos fiscales no hay posibilidades de que las provincias brinden los servicios a su cargo con eficacia y calidad. Los planes nacionales superpuestos con las funciones provinciales -como el que se anunció en el tema de seguridad- aportan más problemas que soluciones.
La agenda de problemas en torno a servicios públicos estratégicos es frondosa. Los paros docentes, el resurgimiento de enfermedades erradicables como el dengue y la inseguridad constituyen ejemplos paradigmáticos. Una de las explicaciones más sólidas para la precaria presencia o directamente la ausencia del Estado en la prestación de estos servicios es que las provincias no cuentan con los recursos para proveerlos.
¿La distribución automática del 30% de la recaudación derivada de las retenciones sobre la soja tiene capacidad para comenzar a revertir estos problemas? Comparando las magnitudes de los recursos que se distribuirán a las provincias a través de este mecanismo con otras erogaciones que aparecen en la ejecución presupuestaria del gobierno nacional se pueden extraer algunas evidencias interesantes. Según datos oficiales e información publicada por la Asociación Argentina de Presupuesto se puede observar que:
- El 30% de las retenciones sobre el complejo sojero puede llegar a representar aproximadamente $6.500 millones a ser distribuidos entre las provincias.
- Dentro de este monto, provincias con alta participación en la producción total de soja, como Córdoba y Santa Fe recibirán aproximadamente $600 millones cada una.
- Durante el año 2008 el gobierno nacional transfirió a empresas públicas $5.061 millones, entre las cuales Aerolíneas Argentinas recibió $1.064 millones.
Esta información pone en evidencia las prioridades en la asignación de los recursos fiscales. El mantenimiento del empleo de aproximadamente 10 mil empleos de una empresa área merece casi la misma erogación anual que el sostenimiento de los servicios públicos básicos para los aproximadamente 6,4 millones de habitantes de Córdoba y Santa Fe. En otras palabras, cada ciudadano cordobés o santafesino recibe por coparticipación de retenciones $15 por mes, mientras que, para cada empleado de la aerolínea, se erogan $8 mil al mes.
El impacto negativo que este tipo de arbitrariedades en la gestión pública tiene sobre la calidad de vida de la gente es alto. El derroche de recursos inducido por la concentración extrema de recursos en el nivel nacional tiene como contrapartida que a nivel provincial no haya recursos para contratar, capacitar y equipar a la policía; hacer funcionar las escuelas y pagar buenos salarios a los docentes; poner en funcionamiento un programa de transferencias condicionadas de ingresos focalizado que lleve a eliminar la pobreza; contar con programas de salud pública que hagan desaparecer a las enfermedades erradicables; disponer de un sistema de administración de justicia ágil.
Frente a la debilidad del Estado o, directamente, su ausencia en la provisión de estos servicios estratégicos, el gobierno nacional se siente legitimado a lanzar programas que se superponen con las funciones provinciales. El anunciado programa de seguridad nacional es un ejemplo. ¿Tiene posibilidades de éxito desplegar desde Buenos Aires un servicio de seguridad para cada una de las ciudades y pueblos del país superpuesto al que administran las provincias? ¿No sería más razonable, para mejorar los niveles de seguridad, que la Nación deje de apropiarse de recursos que, según mandato constitucional, deberían ser distribuidos automáticamente a las provincias para ser destinados a combatir la marginalidad social y la delincuencia? Los programas nacionales son una respuesta improvisada, de alto impacto mediático, pero que generan más problemas que avances hacia una solución racional y de largo plazo.
Para fortalecer el Estado hay que cambiar de estrategia. La Nación debería dejar de superponer roles con el sector privado -usando fondos públicos para actuar como «empresario»- y con las provincias -pretendiendo asumir la provisión de servicios sociales cuya gestión está a cargo de estas jurisdicciones- y abocarse a cumplir con probidad sus propias funciones. En este sentido, es fundamental que la jurisdicción nacional asuma con solvencia y dedicación la tarea de crear y regular competencia transparente entre las empresas del sector privado y contribuir a generar capital social en el nivel provincial y municipal. Para ello, es central reconstruir el sistema estadístico oficial y generar un amplio conjunto de indicadores confiables que permitan a la población monitorear la gestión pública de sus gobiernos locales.
Distribución automática de los recursos hacia las provincias más información a la población que permita monitorear la calidad de gestión de los gobiernos locales es la forma de fomentar el control social y generar las condiciones para que la alternancia política induzca una mejor conducción política del aparato estatal.
