Santiago Peña dimite como presidente de Paraguay en medio del escándalo de Ueno Bank

Santiago Peña ha presentado este jueves su dimisión irrevocable como presidente de la República del Paraguay, acorralado por una severa crisis financiera desatada tras la intervención de Ueno Bank y ante un inminente juicio político en la Cámara de Diputados por presunto conflicto de intereses.

El vicepresidente Pedro Alliana asumirá la jefatura del Estado para completar el mandato constitucional, mientras millones de ciudadanos enfrentan la incertidumbre de no poder retirar sus depósitos.

La caída del mandatario se precipitó en cuestión de días luego de que el sistema financiero paraguayo colapsara parcialmente con la intervención de la entidad bancaria, que acumulaba cerca de tres millones de cuentas activas.

Los clientes, que llevan días haciendo filas e intentando acceder sin éxito a sus fondos, se han quedado temporalmente sin liquidez ni respuestas claras sobre el destino de su dinero.

Anuncio y entrega de la renuncia

Peña comunicó su decisión a través de un mensaje grabado y difundido en su cuenta oficial de la red social X. Minutos más tarde, el ministro del Interior, Enrique Riera, se apersonó en la sede del Congreso Nacional para hacer entrega formal de la carta de renuncia.

En su mensaje a la ciudadanía, el saliente mandatario expresó: «Ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay», y pidió disculpas al pueblo «si en algún momento he fallado».

No obstante, analistas y medios locales señalaron que durante su alocución evitó asumir una responsabilidad directa o autocrítica sobre las decisiones vinculadas al caso Ueno Bank que detonaron la crisis política y social.

Transición y futuro institucional

Santiago Peña había asumido el poder el pasado 15 de agosto de 2023 con un mandato previsto hasta el año 2028. Su salida abrupta deja al oficialismo en una posición de extrema debilidad institucional.

Con la asunción de Pedro Alliana a la presidencia, el Ejecutivo y el Congreso enfrentan el desafío urgente de estabilizar el sistema bancario, garantizar la devolución de los depósitos a los millones de afectados y restaurar la confianza pública en las instituciones del Estado paraguayo.