La Justicia Suspende por Seis Meses el Decreto de Milei que Disuelve Vialidad
San Martín, Buenos Aires. La jueza federal de San Martín, Martina Forns, ha dictado una medida cautelar que suspende por seis meses la ejecución del Decreto 461/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, el cual disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
La decisión de la magistrada, que hace lugar parcialmente a una presentación del gremio Sevina, impide al gobierno llevar adelante cualquier acto administrativo que derive de dicho decreto.
En su fallo, la jueza Forns ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de realizar «reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad».
Esta medida busca preservar el «statu quo» y evitar «perjuicios irreparables» mientras se resuelve la cuestión de fondo sobre la legalidad del decreto.
La magistrada fundamentó su decisión en la necesidad de proteger los derechos laborales de los trabajadores de Vialidad.
En la sentencia, se destacó que la Constitución Nacional y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —especialmente los Convenios N.º 87, 98 y 151—, que poseen jerarquía constitucional, «impiden al Estado, en su rol concurrente de empleador y regulador, alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia».
Si bien la jueza Forns no se pronunció en esta instancia sobre la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto 461, argumentó que dicha cuestión requiere un «estudio mucho más complejo y profundo, con amplio debate y prueba», algo que no puede resolverse con los elementos presentados hasta el momento. La suspensión de seis meses otorgará el tiempo necesario para que se desarrolle ese análisis más exhaustivo.
Esta resolución judicial representa un freno a la política de reorganización del Estado impulsada por el gobierno de Javier Milei y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro de los organismos públicos y los derechos laborales.
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