lunes, noviembre 25, 2024

Justicia, Locales

INVESTIGACIÓN: Más novedades sobre Sitio 0

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Sitio 0 – Quequén
Una denuncia de surfistas se suma a una investigación por corrupción. La conexión Necochea en » la ruta del dinero K» tuvo este mes un giro inesperado.

A las nuevas indagatorias que se están tomando se sumó una denuncia presentada por el propio juez federal que lleva la causa, Bernardo Bibel, en contra de José Luis Di Gregorio, presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén (CGPQ). Ante el fiscal Nicolás Czizik, el magistrado también denunció a exfuncionarios del OPDS, organismo de control ambiental en la provincia de Buenos Aires.

¿En qué se basó Bibel?

En una denuncia de una ONG de surfistas de Necochea, Surfriders, que se sintieron perjudicados por la construcción de la terminal de granos Sitio 0.

El titular de esa ONG, Alejandro Frigerio, pidió ser querellante en la causa tras señalar que Di Gregorio y los funcionarios del OPDS podrían haber cobrado coimas para saltarse un informe ambiental negativo sobre la construcción de Sitio 0.

La construcción de Sitio 0, a su vez, está bajo sospecha judicial de haber sido adjudicada fraudulentamente, por 60 millones de dólares, a una empresa todavía inexistente (Sitio 0 se confirmó días después de la adjudicación), y en cuya maniobra habrían intervenido unas 20 personas, hoy imputadas, y habría mediado pago de coimas con dinero procedente de haberes relacionados con la ruta del dinero K.

Según la denuncia de los surfistas, el 11 de diciembre de 2013 el Juzgado Contencioso Administrativo de Necochea dispuso una medida cautelar que paralizaba las obras de Sitio 0 por no cumplir con los requisitos ambientales que requería el OPDS.

Tras ser notificada la empresa, el mismo día el OPDS declaró ambientalmente apto el emprendimiento. La sospecha de Surfriders es que se pagaron incentivos que habrían influenciado a Di Gregorio y a funcionarios de OPDS.

Si bien el juez federal Bibel no aceptó al surfista Frigerio como querellante, denunció a Di Gregorio y los funcionarios del OPDS ante el fiscal Czizik.