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Cooperativas eléctricas bonaerenses expusieron su crítica situación ante el IPAC: deudas con Cammesa e inversiones frenadas

La Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas (FICE) se reunió con Gildo Onorato, titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, para trazar un diagnóstico urgente sobre la crisis tarifaria, el congelamiento de obras y el reclamo por millonarios fondos retenidos por Nación.

Representantes de la Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas de Buenos Aires (FICE) mantuvieron un encuentro clave con el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato.

El objetivo central de la reunión fue presentar un diagnóstico detallado sobre la delicada situación financiera y operativa que atraviesan las entidades solidarias de la provincia, asfixiadas por las deudas acumuladas, la falta de inversión en infraestructura y los desajustes tarifarios.

Roberto Otero, presidente de FICE, lideró la presentación y repasó los principales frentes de conflicto que amenazan la sostenibilidad del servicio: la complejidad para afrontar los compromisos con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), las trabas para sostener inversiones esenciales y la necesidad de actualizar los mecanismos de tarifas.

El origen de la crisis: el dilema del congelamiento

Durante la reunión, Otero recordó que el punto de inflexión comenzó con el congelamiento de tarifas implementado a finales de 2019.

Ante un escenario donde los ingresos fijos no alcanzaban a cubrir los costos en alza, las cooperativas se vieron obligadas a tomar decisiones drásticas para subsistir.

«Las entidades se vieron forzadas a decidir: o incumplían con sus obligaciones laborales o tributarias, o dejaban de pagar las facturas de compra de energía, sea a Cammesa (en el caso de las cooperativas agentes del Mercado Eléctrico Mayorista) o a la distribuidora ‘aguas arriba’ que les proveía de electricidad», explicó el titular de FICE.

Según los datos de la Federación, la casi totalidad de las cooperativas optó por priorizar sus obligaciones laborales y acumular deuda por la compra de energía, lo que deterioró gravemente sus pasivos.

Si bien a partir de 2022 se implementaron mecanismos de regularización y tarifas de transición que aliviaron parcialmente los ingresos, el problema de fondo persiste.

Dos problemas sin solución definitiva

A pesar de las mejoras logradas en los últimos años, FICE advirtió que quedan dos grandes escollos por resolver:

• El stock de deuda: El flujo de repago de las deudas ya regularizadas sigue dependiendo de la asimétrica realidad económica de cada cooperativa.
• Falta de inversión en redes: Las obras civiles y de mantenimiento que quedaron suspendidas durante el congelamiento hoy pasan factura. Esta falta de inversión está afectando directamente la calidad del servicio, impactando con mayor fuerza en las zonas rurales e inaccesibles de la provincia.

El reclamo por fondos nacionales y el fantasma de 2027

Además de buscar alternativas de solución conjuntas que el IPAC pueda aportar desde su competencia, el encuentro sirvió para poner sobre la mesa un fuerte reclamo hacia la administración nacional.

Otero denunció la falta de distribución a las provincias de los fondos provenientes del impuesto al capital de las cooperativas (Ley 23.427).

Según estimaciones del sector, el Gobierno Nacional no habría aplicado a la promoción cooperativa alrededor de $84.000 millones de pesos aportados por las propias entidades.

Por último, los dirigentes manifestaron una preocupación de cara al mediano plazo: el vencimiento en agosto de 2027 de la Ley 23.427 (que sustenta el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa).

Ante este escenario, desde FICE señalaron que se requerirá un intenso trabajo legislativo y un fuerte respaldo en bloque de los gobernadores provinciales para garantizar su prórroga y blindar los recursos del sector.