Sharing is caring!

Prácticos uruguayos alertan por riesgos ante el «decreto Sturzenegger»

La Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay manifestó su profunda preocupación por la desregulación impulsada en Argentina, advirtiendo que la eliminación de la obligatoriedad del practicaje pone en jaque la seguridad náutica y la soberanía comercial de la región.

Lo que comenzó como una medida de «desburocratización» y reducción de costos en la vecina orilla, ha cruzado el río para convertirse en un conflicto diplomático y técnico de escala regional.

La Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay (CUPRU) se sumó al rechazo contra el decreto impulsado por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado argentino, Federico Sturzenegger, que elimina la obligatoriedad del servicio de practicaje para ciertos buques.

Un riesgo para la seguridad y el ambiente

Desde la CUPRU señalaron que esta medida no solo es un asunto de costos logísticos, sino una decisión que ignora la complejidad técnica de la navegación en el Río Uruguay.

Según la corporación, prescindir de un práctico —el profesional local que asesora al capitán en zonas de difícil navegación— aumenta exponencialmente las probabilidades de varaduras, colisiones y desastres ambientales.

«Navegar el Río Uruguay no es como navegar en mar abierto; requiere un conocimiento profundo de las corrientes, los bancos de arena móviles y las particularidades del lecho. Eliminar esta figura es jugar a la ruleta rusa con el ecosistema compartido», indicaron fuentes cercanas a la gremial.

El impacto en el comercio exterior

Más allá de la seguridad, la preocupación radica en el impacto económico. La desregulación argentina podría generar una asimetría competitiva y, paradójicamente, encarecer los seguros internacionales para los buques que operen en la zona debido al aumento del riesgo percibido.

Para Uruguay, cuyo comercio exterior depende fuertemente de la eficiencia de sus vías navegables, la medida es vista como un retroceso.

Los prácticos sostienen que:

• Se debilita la soberanía: Al permitir que capitanes extranjeros operen sin asesoría local en aguas compartidas.
• Amenaza la infraestructura: Un error de maniobra podría bloquear canales estratégicos durante semanas, paralizando las exportaciones uruguayas.

Un frente común rioplatense

La postura uruguaya se alinea con las fuertes críticas que la medida ya ha recibido en Argentina por parte de la Federación de Prácticos de la República Argentina.

Ambos sectores coinciden en que el decreto prioriza un ahorro económico de corto plazo sobre la integridad de las rutas comerciales y la protección del medio ambiente.

Por el momento, las autoridades uruguayas y la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) se encuentran bajo presión para sentar una postura oficial que defienda los protocolos de navegación segura que han regido el río durante décadas.

En contexto: El decreto argentino busca reducir los «costos de la casta» y la logística portuaria, argumentando que la tecnología moderna permite a los capitanes prescindir de la guía humana en tramos específicos.

Sin embargo, para los expertos en el terreno, la tecnología es un complemento, no un sustituto de la experiencia local.