Justicia Federal: la postergación del sistema acusatorio profundiza el «caos normativo» y amenaza con la desintegración del sistema
Por tercera vez, el Ministerio de Justicia retrasó la implementación del Código Procesal Penal Federal en Comodoro Py hasta febrero de 2027.
Expertos advierten que la coexistencia de dos regímenes procesales opuestos crea una justicia de «primera y de segunda» según la jurisdicción.
El sistema de justicia federal en Argentina se encamina hacia un escenario de fragmentación crítica. El reciente anuncio del Ministerio de Justicia de postergar —por tercera vez— la entrada en vigencia del sistema acusatorio en el ámbito de la Capital Federal ha encendido las alarmas en el sector judicial.
El nuevo plazo, fijado para febrero de 2027, deja al país en un limbo jurídico donde las reglas de juego dependen del mapa.
Un país, dos realidades procesales
La decisión profundiza una anomalía que ya es una realidad cotidiana: la coexistencia de dos sistemas opuestos.
Mientras que en nueve distritos federales ya rige el Código Procesal Penal Federal (CPPF) de 2014 —de carácter acusatorio y oral—, otros siete distritos (incluido el estratégico Comodoro Py) continúan bajo el Código de 1991, un sistema inquisitivo o «mixto» que permite la extensión de procesos durante décadas.
Esta dualidad genera consecuencias directas en la calidad del servicio de justicia:
- Desigualdad ante la ley: En las jurisdicciones con sistema acusatorio, los plazos son estrictos y la oralidad es la norma. En el resto, menos del 2% de los casos obtiene una respuesta relevante, perpetuando causas eternas.
- Arbitrariedad política: Las críticas apuntan a que el sistema antiguo facilita la manipulación de causas de corrupción, una ventaja que el poder político parece no estar dispuesto a ceder, a pesar de alegar «falta de recursos».
- Caos defensivo: Se prevé que los defensores en distritos postergados comiencen a exigir garantías que ya se aplican en el modelo nuevo, generando un colapso en la coherencia de los fallos.
Las excusas bajo la lupa
A pesar de que el Ministerio de Justicia justificó el retraso por carencias presupuestarias, diversos sectores señalan que este argumento contradice declaraciones oficiales recientes.
Se sospecha que la prórroga de 10 meses responde más a una necesidad de blindaje político ante causas judiciales sensibles que a una imposibilidad técnica o económica.
«Estamos ante un sistema federal único que funciona bajo reglas distintas. Es una anomalía que afecta la asignación de recursos y la coordinación interjurisdiccional», advierten especialistas en la materia.
Un plan de emergencia para evitar la desintegración
Para que este nuevo plazo no sea otra «espera muerta», se propone una hoja de ruta coordinada entre la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y los Ministerios Públicos.
Entre las medidas urgentes destacan:
- Reorganización de la Procuración: Crear Fiscalías de Distrito, designar coordinadores por concurso y convertir funcionarios en auxiliares fiscales para dinamizar el litigio.
- Eficiencia Judicial: Establecer colegios de jueces únicos y profesionalizar las oficinas judiciales para gestionar mejor las audiencias.
- Reformas Estructurales: Cubrir las vacantes de jueces y fiscales, designar un Procurador General de la Nación titular (con mandato limitado por ley) y finalizar el traspaso de competencias ordinarias a la CABA para aliviar el presupuesto federal.
El último llamado
La Justicia Federal se encuentra en un punto de no retorno. Naturalizar este esquema fragmentado implica aceptar que existen ciudadanos con mayores garantías que otros dependiendo de su ubicación geográfica.
El plazo de febrero de 2027 se presenta como la última oportunidad para unificar el sistema y evitar que la justicia argentina termine de desintegrarse en un laberinto de excepciones y postergaciones.
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