«Interviene en un sector que no conoce»
La tensión entre el Gobierno y el sector portuario escaló a niveles máximos tras la oficialización de un decreto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que elimina la obligatoriedad del practicaje en ciertos tramos y busca desregular a fondo la actividad.
La medida, que el Ejecutivo defiende como un paso necesario para «bajar los costos logísticos» y mejorar la competitividad del comercio exterior, cayó como una bomba en las cámaras empresarias y los gremios del sector, quienes advierten por los riesgos de seguridad y el desconocimiento técnico de la normativa.
El eje del conflicto
El malestar no es solo por el fondo de la reforma, sino por la falta de interlocución previa. En diálogo con LPO, un importante empresario del sector no ocultó su indignación con el estilo del ministro:
«Interviene en un sector que no conoce», disparó la fuente, subrayando que la eliminación de regulaciones en la navegación no es comparable con otros rubros debido al riesgo ambiental y de infraestructura que implica mover buques de gran calado.
Los puntos de quiebre
Los empresarios y especialistas del sector argumentan que el practicaje no es un «gasto burocrático», sino un servicio de seguridad pública delegado.
Los principales reclamos se centran en:
- Riesgo de incidentes: Advierten que prescindir de prácticos experimentados en zonas críticas puede derivar en encallamientos o choques en el canal.
- Seguridad Ambiental: Un error en la maniobra de un buque tanque podría provocar desastres ecológicos de escala impredecible.
- Desplazamiento de mano de obra local: El sector teme que la apertura sea el primer paso para que buques extranjeros operen sin los controles estrictos que rigen actualmente.
La postura oficial
Desde el entorno de Sturzenegger, la visión es diametralmente opuesta. El ministro sostiene que el sistema actual funciona como un «coto cerrado» con tarifas en dólares que encarecen toda la cadena exportadora.
Para el Gobierno, la resistencia empresarial es vista como la defensa de un privilegio corporativo que atenta contra la desregulación económica que lidera el presidente Milei.
Por estas horas, las cámaras del sector analizan medidas judiciales para frenar la aplicación del decreto, mientras el clima en los puertos se vuelve cada vez más hostil.
«Están jugando con fuego en un lugar donde un error se paga con millones de dólares o con el bloqueo de la hidrovía», sentenciaron desde una de las terminales afectadas.
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