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Condenan a Expenitenciarios por la Mayor Masacre Carcelaria de la Dictadura

A 47 años de la Tragedia del Pabellón Séptimo, la Justicia argentina finalmente dictaminó que el incendio y la feroz represión ocurridos el 14 de marzo de 1978 en la cárcel de Devoto constituyeron una “grave violación a los derechos humanos”, un fallo que revierte la versión oficial impuesta por la dictadura militar que durante décadas la caratuló como un «motín de los colchones».

El Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5) de la Ciudad de Buenos Aires condenó este jueves a dos exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por su responsabilidad en la masacre, que dejó un saldo de 65 presos muertos y más de 80 heridos de gravedad.

El Veredicto: 25 Años de Prisión y Delito Imprescriptible

El TOF 5 resolvió condenar a 25 años de prisión al exdirector del Instituto de Detención de Devoto, Juan Carlos Ruiz, y al exjefe de la División Seguridad Interna, Horacio Martín Galíndez. Ambos fueron hallados culpables de:

• Imposición de tormentos reiterados a 88 personas.
• Tormentos seguidos de muerte reiterados en 65 casos.

El tribunal, si bien no lo tipificó como un crimen de lesa humanidad como solicitaron la querella y el fiscal, consideró el hecho como una “grave violación a los derechos humanos” y, por lo tanto, imprescriptible.

En contraste, el excelador de la División Seguridad Interna, Gregorio Bernardo Zerda, conocido como “Kung Fu”, fue absuelto.

La fiscalía, a cargo de Abel Córdoba, y la querella, integrada por las abogadas Claudia Cesaroni, Natalia D’Alessandro y Denise Feldman, habían solicitado penas de entre 22 y 25 años para los tres imputados.

«Los acusados mostraron desprecio por la condición humana de las víctimas, que fueron destruidas como si fueran residuos», había sostenido el fiscal Córdoba durante los alegatos finales.

De la Requisa a la Masacre

El trágico episodio tuvo lugar en un contexto de hacinamiento extremo en el Pabellón Séptimo de Devoto, que alojaba a 161 presos con apenas 70 camas. La cárcel, además, funcionaba como «vidriera» de la dictadura ante los organismos internacionales de Derechos Humanos.

La noche del 13 de marzo de 1978, una discusión por el horario de la televisión entre el celador Zerda y un preso influyente, Jorge “Pato” Tolosa, sentó las bases de la represión.

A la mañana siguiente, día de visitas, una requisa inusualmente numerosa (más de 60 agentes en lugar de los 20-30 habituales) irrumpió con violencia.

Ante la resistencia de los reclusos para impedir la detención forzosa de Tolosa, quienes levantaron una barricada de camas, los penitenciarios se replegaron, trabaron las rejas y comenzaron a arrojar gases lacrimógenos y disparos.

El caos y el pánico se desataron. Los colchones se prendieron fuego, y en cuestión de segundos, las llamas y el humo tóxico se propagaron por el pabellón.

• Testimonios de Sobrevivientes: Sobrevivientes como Hugo Ciardiello y Hugo Cardozo recordaron cómo el fuego arrasó con todo, mientras las autoridades impedían el ingreso de los bomberos y, según testigos, dos helicópteros disparaban a quienes intentaban respirar por las ventanas.

Quienes lograron salir, como Cardozo, no encontraron asistencia médica inmediata, sino más golpizas por parte de los agentes, siendo confinados en celdas de castigo.

«Sacar del Olvido»: El Camino Hacia la Verdad

Durante décadas, la versión oficial de un «motín» cubrió los hechos con un manto de impunidad. El rótulo condenó a las víctimas y sus familias a un silencio marcado por la «deshonra, la vergüenza y el miedo».

Verónica Sosa, hija de la víctima Dante Sosa, y Verónica Ambrosio, hermana de Armando Ambrosio, relataron el dolor y el tabú que rodeó a sus familiares, a quienes les dijeron que habían muerto por «accidente» o «enfermedad».

«Siempre digo que hubiera preferido un padre preso y visitarlo en una cárcel, que tener un padre muerto, carbonizado, al que no se asistió y al que el Estado hizo caso omiso durante 47 años”, afirmó Sosa.

El juicio, que ayudó a iluminar las atrocidades cometidas en las cárceles durante el terrorismo de Estado, culminó con una sentencia celebrada por sobrevivientes y familiares, pese a la sensación «agridulce» por no haber sido caratulado como lesa humanidad y por la absolución de uno de los acusados.

El sobreviviente Hugo Cardozo resumió la importancia del fallo: “Estoy tranquilo porque hoy logramos que se le dé nombre a las víctimas, a las 65 personas asesinadas que estaban en el olvido y que hoy un juez tuvo que leer cada uno de sus nombres en un veredicto condenatorio. Me juré ser la voz de ellos y hoy pueden descansar en paz”.