El CIPCE presenta la primera querella de la sociedad civil contra el Presidente Milei por la causa Libra.
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentó este viernes una querella contra el Presidente Javier Milei en el marco de la investigación por el escándalo del criptoactivo $LIBRA.
La organización solicitó ser aceptada como querellante en la causa y señaló que el mandatario debe ser investigado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Pedro Biscay, directivo del CIPCE a cargo de la querella, enfatizó la necesidad de que «la Justicia federal demuestre si, como dice el Gobierno, el que las hace la paga, o si esa regla no rige para quienes gobiernan».
La presentación judicial califica el hecho como “un caso excepcional de corrupción, por ser prácticamente flagrante y estar probado casi en su totalidad a través de medios de prueba de conocimiento público”.
Además, el CIPCE alertó sobre el riesgo de que la fiscalía complejice innecesariamente la investigación con el objetivo de dilatarla y favorecer la impunidad.
Esta acción legal marca la primera querella presentada por una organización de la sociedad civil bajo la figura de “querellante de la sociedad civil”, una herramienta que el Código Procesal Penal de la Nación habilita a asociaciones civiles en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
El escrito del CIPCE argumenta que la lucha contra la corrupción es fundamental para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos, especialmente los económicos, sociales, culturales y ambientales, cuya realización depende directamente de las políticas y el presupuesto público.
La organización citó antecedentes nacionales e internacionales de casos de corrupción en los que se aceptó la participación de organizaciones de la sociedad civil como querellantes.
Biscay remarcó la importancia de esta presentación, señalando que «no es habitual que un caso de corrupción sea cometido a la vista de todos». Advirtió sobre la necesidad de evitar que la investigación se convierta en una «prenda de negociación» con el Gobierno.
El CIPCE también cuestionó la decisión del Presidente de crear una “Unidad Transitoria de Investigación” dependiente del propio mandatario investigado, lo que genera “fundados temores de parcialidad y riesgo de entorpecimiento de la investigación”.
La Imputación contra el Presidente Milei
La querella imputa al Presidente Javier Milei haber publicado un mensaje en su cuenta de la red social X el 14 de febrero de 2025, promocionando el token $LIBRA, perteneciente al proyecto privado “Viva La Libertad Project”. Tras esta publicación, el valor del criptoactivo experimentó un rápido aumento, pasando de $0,10 a un máximo de $4,50 aproximadamente.
Según el CIPCE, esta acción configura el delito de negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 256 del Código Penal), que sanciona a los funcionarios que se interesan en negocios privados aprovechando su cargo. La organización subraya que este delito no requiere la existencia de un intercambio económico directo.
El escrito detalla que el Presidente conocía el proyecto y a su impulsor, Mark Davis, y difundió información clave sobre el token a través de su cuenta oficial de X, que cuenta con una «verificación gris» otorgada por su rol como funcionario público.
La presentación destaca la secuencia temporal entre la habilitación del token, el tuit presidencial y el aumento de su valor como evidencia de la presunta irregularidad.
El CIPCE solicitó la incorporación a la causa de la entrevista en la que el Presidente reconoció su conocimiento del proyecto, la preservación de la evidencia digital y la solicitud de información a Solana, la plataforma donde se comercializa el token $LIBRA. Además, requirió la conformación de una causa separada para investigar exclusivamente la responsabilidad penal del Presidente.
Sobre el CIPCE
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) es una organización de la sociedad civil con una trayectoria de más de dos décadas dedicada a la investigación y prevención de delitos económicos y actos de corrupción. Integra diversas redes y comisiones contra la corrupción a nivel nacional e internacional y ha participado en casos judiciales de alto impacto, buscando fortalecer las políticas públicas y la justicia penal en la lucha contra la corrupción.
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