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Pacto Negro: Denuncian acuerdo secreto entre el Gobierno y Santa Cruz por votos en el Senado

Una fuerte polémica sacude el panorama político nacional tras la denuncia de un presunto acuerdo secreto entre el Gobierno y la provincia de Santa Cruz.

Según trascendió, el presidente de YPF, Horacio Marin, habría firmado un convenio con el gobernador santacruceño un día antes de la crucial sesión del Senado donde se tratarían los pliegos de los candidatos propuestos por el Ejecutivo para la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

La información, que rápidamente se viralizó, asegura que el acuerdo obligaría a la petrolera estatal YPF a desembolsar la considerable suma de 335 mil millones de pesos en proyectos para la provincia patagónica.

A cambio de esta inversión, los dos senadores representantes de Santa Cruz habrían comprometido no acompañar el quórum necesario para rechazar las designaciones de Lijo y García Mansilla, allanando así el camino para su aprobación.

Fuentes cercanas a la oposición calificaron el presunto pacto como un «chantaje» y una «maniobra oscura» destinada a garantizar la impunidad de los candidatos oficialistas.

«Es inaceptable que se utilicen fondos públicos de esta manera para comprar voluntades en el Senado», declaró un legislador opositor que prefirió mantener su anonimato. «Este ‘Pacto Negro’ demuestra la desesperación del Gobierno por imponer sus nombres en la Corte Suprema sin el consenso necesario».

Hasta el momento, ni el Gobierno nacional ni la administración de Santa Cruz han emitido declaraciones oficiales para confirmar o desmentir la existencia de este acuerdo. Tampoco se ha pronunciado YPF sobre la supuesta obligación de realizar la millonaria inversión en la provincia.

La sesión del Senado, prevista para [Insertar fecha de la sesión si se conoce], se presenta ahora con un clima de alta tensión e incertidumbre. La confirmación o negación de este presunto pacto podría tener consecuencias significativas en el debate y votación de los pliegos, así como en la imagen del Gobierno y la credibilidad de las instituciones.

La sociedad civil y diversos sectores políticos exigen transparencia y una explicación clara sobre esta grave denuncia, que de confirmarse, representaría un nuevo capítulo de controversia en la ya agitada relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.