La Asamblea Popular en defensa de la soberanía de Puerto Quequén (AP) anunció que denunciará a la Presidenta del Consorcio de Puerto Quequén, Jimena López, ante la justicia.
Así lo manifestó Mario Dahul, integrante de la Asamblea, en diálogo con el periodista Horacio Castelli en su programa «¿Quién miente?».
Durante la entrevista radial, Dahul explicó que la decisión se tomó luego de que venciera el plazo de 20 días hábiles sin obtener respuesta a un petitorio de nueve puntos enviado a López.
Este petitorio buscaba explicaciones sobre la contratación de una empresa encargada de elaborar el Pliego de Bases y Condiciones para la licitación de Terminal Quequén, ex Junta Nacional de Granos.
La Asamblea sospecha que esta empresa estaría vinculada a una de las firmas interesadas en la mencionada licitación.
«Denunciaremos a Jimena López», afirmó categóricamente Dahul durante la conversación con Castelli.
Tras el vencimiento del plazo, la Asamblea presentará la denuncia formal ante el juzgado Contencioso Administrativo. Dahul adelantó que, en caso de ser necesario, la Asamblea no descarta realizar una presentación posterior ante el juzgado penal provincial.
El petitorio elevado al Consorcio de Puerto Quequén contenía los siguientes puntos, sobre los cuales la Asamblea esperaba una respuesta detallada:
- Cuál ha sido el estudio jurídico seleccionado para la preparación del Pliego de bases y condiciones.
- Cuál es la nómina de los estudios ternados.
- Si existió un Comité y pautas de selección.
- Si se ha solicitado asistencia a la Oficina de Transparencia Institucional.
- Se nos entregue copia del acta de Directorio y acceso al expediente.
El pedido de información ha sido efectuado por 400 ciudadanos entre los que se encuentran:
Eduardo Barcesat, Jorge Rivas, Claudio Raúl Lozano, Luciano Orellano, Pedro Peretti, Horacio Tettamanti, Feliciano Ramos, Oscar Rubén Verón, Néstor Piccone, Horacio Rovelli, e integrantes de la APSPQ.
Según expresó Dahul, la Asamblea Popular se ampara en la legislación vigente que reconoce el derecho ciudadano de acceso a “datos de incumbencia al interés público” para solicitar esta información al Consorcio.
La falta de respuesta en el plazo estipulado ha llevado a la organización a tomar la decisión de recurrir a la vía judicial en busca de transparencia en el proceso de licitación de un espacio estratégico para el puerto de Quequén.
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