La Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén (APSQ) denunció la falta de respuesta por parte de la presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén a una solicitud de información pública presentada hace más de un mes.
La Asamblea había requerido detalles sobre la contratación de un estudio jurídico privado, propuesto por la Cámara de Empresas de la Industria Aceitera (CIARA), para la confección de los pliegos de una nueva concesión de la Terminal de embarque provincial (ex JNG), actualmente en manos de Terminal Quequén SA.
Según informaron desde la APSPQ, el pedido formal, ingresado el 18 de febrero de 2025, buscaba esclarecer diversos puntos clave en el proceso de contratación.
Específicamente, se solicitó conocer: el nombre del estudio jurídico seleccionado, la nómina de los estudios ternados, si existió un comité y pautas de selección, si se requirió asistencia a la Oficina de Transparencia Institucional, y se pidió copia del acta de Directorio y acceso al expediente correspondiente.
La Asamblea fundamentó su solicitud en el derecho ciudadano de acceso a «datos de incumbencia al interés público».
En este sentido, la APSPQ manifestó su preocupación por la posible injerencia de intereses privados en un proceso que consideran crucial para el futuro del comercio exterior granario y la soberanía estatal.
«Nuestra Asamblea brega para que el Estado recupere esta Terminal con el objeto de arbitrar en el Comercio Exterior granario y evitar así, los efectos negativos de la monopolización en manos de las exportadoras extranjeras», señalaron en un comunicado.
«Por ello consideramos que la contratación de una Asesoría privada es una grave irregularidad que direcciona la licitación, pues CIARA es una Corporación que representa los intereses de oligopolios productores, pooles y empresas exportadoras extranjeras. Intereses lucrativos de los que el Estado provincial debiera estar estrictamente independizado.»
La falta de respuesta por parte de la titular del Consorcio ha generado una fuerte reacción en la Asamblea, quienes alertan a la población y se preguntan sobre las motivaciones detrás de este silencio.
«¿Cuáles han de ser las oscuras intenciones?», cuestionaron, al tiempo que manifestaron su intención de «evitar que actitudes sospechosas de una funcionaria lesione la imagen del Gobierno de la Prov. de Bs. As.».
Ante esta situación, la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén anunció que continuará buscando la verdad a través de las vías administrativas y judiciales correspondientes.
El pedido de información contó con el respaldo de 400 ciudadanos, entre los que se destacan figuras como Eduardo Barcesat, Jorge Rivas, Claudio Raúl Lozano, Luciano Orellano, Pedro Peretti, Horacio Tettamanti, Feliciano Ramos, Oscar Rubén Verón, Néstor Piccone, Horacio Rovelli, además de integrantes de la propia APSPQ.
La incertidumbre y la preocupación crecen en la comunidad de Necochea y Quequén ante la falta de transparencia en un proceso que podría tener un impacto significativo en la economía local y regional. La pregunta resuena con fuerza: ¿Qué están ocultando en la gestión de Puerto Quequén?
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