El Divorcio Administrativo es contrario a los estándares internacionales. No es un simple trámite, divorciarse implica la realización de un acto jurídico que tiene consecuencias y efectos legales.
Antecedentes
- Se presentó un proyecto de ley en 2023 (Expediente 3287-D-2023) que buscaba implementar el divorcio administrativo, pero fue detenido debido a críticas.
- Un nuevo proyecto (Expediente PE-112/24) fue presentado en 2024, que revive la idea del divorcio administrativo.
Objeciones al proyecto
- Inseguridad jurídica: El proyecto aumenta el riesgo de afectación de derechos y genera mayores costos para los justiciables.
- Contrario a estándares internacionales: El divorcio administrativo va en contra de los principios de derechos humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- No es un simple trámite: El divorcio implica consecuencias legales y requiere asesoramiento legal.
- No es cuestión de dinero: El costo del proceso no es un obstáculo, ya que existen defensorías oficiales gratuitas.
- Los tribunales no están inundados de divorcios: No hay estudios estadísticos que respalden esta afirmación.
- Se avasallan incumbencias profesionales: El proyecto restringe el ejercicio libre de la actividad profesional especializada.
- Inexactitud conceptual: La cuarta causal de disolución del matrimonio no es tal, sino una innovación en la autoridad que puede realizar la disolución.
- Efectos del divorcio: El proyecto omite los efectos económicos de la disolución del vínculo y la importancia del asesoramiento profesional.
Conclusión
El proyecto de ley debe ser rechazado, ya que implica un retroceso en los estándares de derechos humanos y no resiste los estándares mínimos internacionales de control de convencionalidad.
El divorcio debe permanecer en el ámbito del poder judicial para garantizar el debido proceso y el asesoramiento adecuado.
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