Esta práctica sigue siendo legal en gran parte de la Unión Europea. Solamente en nueve países es contraria a la ley.
Rosario nunca pensó que querría ser madre hasta que conoció a Antonio. En cuanto lo vio en el centro ocupacional, se enamoró.
Fue justo después de cumplir 20 años, y desde entonces están juntos. Ambos tienen una discapacidad intelectual del 67 %, lo que les permite ser independientes y trabajar.
La idea de ser madre supuso una conmoción para sus padres, que no la consideraban capaz de criar a un niño. Tras presionarla para que pusiera fin a su relación con Antonio, decidieron truncar su sueño.
Aconsejados por su médico de cabecera, optaron por esterilizar a Rosario. Nadie le explicó la operación, ni sus consecuencias. Su madre la amenazó con no volver a ver a Antonio, y con internarla, si se negaba a ir al hospital.
Hasta hace dos años, la esterilización forzosa de personas con discapacidad era legal en España, por lo que los padres de Rosario solamente necesitaban una autorización judicial para iniciar el procedimiento.
Sin embargo, esta práctica sigue siendo legal en gran parte de la Unión Europea. Solamente en nueve países es contraria a la ley, a pesar de contravenir el Convenio de Estambul y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas.
Portugal, Hungría y la República Checa son los tres únicos Estados miembros de la Unión Europea, que permiten la esterilización de menores.
Al día siguiente de operarse, Rosario vio la cicatriz en su cuerpo.
«Me pregunté: ¿Qué han hecho con mi vida? ¿Soy una inútil? ¿Todo el mundo puede ser madre, menos yo? Desde entonces, me siento vacía todos los días de mi vida», declaró a Euronews.
El «poco afecto» que sentía por sus padres, murió después de que la esterilizaran.
«No tengo una conversación como la de padre e hija. Ya no confío en nadie, ni quiero hacerlo», añade.
Europa debate su ilegalización
La ausencia de una legislación común en la Unión Europea deja en manos de cada Estado miembro, la decisión de ilegalizar la práctica de obligar a esterilizar a personas con discapacidad.
Solamente Suecia, Irlanda, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Eslovenia, Polonia y España penalizan esta práctica, siendo España el último país europeo en hacerlo.
Pero, como ha descubierto Euronews, incluso en estos países se han producido, a veces, esterilizaciones forzosas.
«Es una forma muy cruel de dominación, tanto de la sexualidad como de la reproducción», explica a Euronews, la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop.
La clave para acabar con esta práctica está en Bruselas. En julio de 2023, el Parlamento Europeo debatirá si la ilegaliza, una decisión que sería vinculante para todos los Estados miembros, pero que tiene que ser votada, después, por el Consejo Europeo.
La anticoncepción forzada es «la norma» en Hungría
De los más de 200 residentes que viven en la institución Kolping Tordasi Otthona, a una hora de la capital húngara, donde conviven unas 50 parejas, solamente cinco mujeres toman anticonceptivos, según Melinda Bartók, responsable de las enfermeras del centro. Aun así, asegura que, «en los últimos 20 años no ha habido nacimientos ni abortos».
«Simplemente, resulta extraño que en instituciones donde viven 200 o 300 personas con discapacidad, no haya ningún embarazo», afirma Sándor Gurbai, portavoz de Validity Foundation.
«La contracepción forzada es la norma. No está escrito en el contrato que firman los internos, pero hay un acuerdo verbal. Si no, no te admiten», añade.
Kolping Tordasi Otthona fue la única institución del país dispuesta a permitir la entrada a las periodistas de Euronews.
Euronews
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