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Por Vitor Gaspar, Raphael Lam, Paolo Mauro y Mehdi Raissi

La pandemia de COVID-19 se está acelerando en muchos países y la incertidumbre es inusualmente alta. Se necesitan acciones gubernamentales decisivas para garantizar la implementación rápida y extensa de vacunas, proteger a los hogares más vulnerables y a las empresas viables, y fomentar una recuperación duradera e inclusiva.

Muchos países han continuado apoyando a personas y empresas en medio del resurgimiento de infecciones y renovadas restricciones, mientras calibran sus respuestas a la evolución de la situación económica. La Actualización del Monitor Fiscal de enero de 2021 proporciona una descripción general de dichos esfuerzos y describe lo que más gobiernos pueden hacer para lograr una recuperación más ecológica, más justa y más duradera.

El apoyo del gobierno ha ayudado a personas y empresas

El apoyo fiscal global alcanzó casi $ 14 billones a fines de diciembre de 2020, un aumento de aproximadamente $ 2,2 billones desde octubre de 2020. Comprende $ 7,8 billones en gastos adicionales o (en menor medida) medidas para renunciar a ingresos y $ 6 billones en garantías, préstamos, e inyecciones de capital ( detalles del país aquí ).

Este apoyo ha variado de un país a otro según el impacto de las crisis relacionadas con la pandemia y la capacidad de los gobiernos para obtener préstamos. En las economías avanzadas, las acciones fiscales abarcan varios años (superando el 4 por ciento del PIB en 2021 y más allá). Por el contrario, el apoyo en los mercados emergentes y los países en desarrollo se adelantó, y una gran parte de las medidas expiró. Junto con la contracción económica que se ha traducido en menores ingresos, dicho apoyo ha provocado un aumento de la deuda pública y del déficit. La deuda pública promedio en todo el mundo se acercó al 98 por ciento del PIB a fines de 2020, en comparación con el 84 por ciento proyectado antes de la pandemia para la misma fecha.

Las economías avanzadas registraron los mayores aumentos en los déficits fiscales y la deuda, lo que refleja tanto un mayor gasto como una disminución de los ingresos. En los mercados emergentes, el aumento de los déficits se debió en gran parte a la depresión de los ingresos fiscales debido a la recesión económica. En los países de bajos ingresos, la respuesta de la política fiscal ha sido más limitada debido a las limitaciones financieras y los programas de bienestar menos desarrollados. Por lo tanto, la pandemia corre el riesgo de dejar un impacto duradero, incluida una mayor pobreza y desnutrición, en estos países.

El apoyo fiscal debe estar disponible hasta que la recuperación esté bien encaminada

La cooperación mundial para producir y distribuir ampliamente tratamientos y vacunas a todos los países a bajo costo es crucial. La vacunación es un bien público mundial que salva vidas y eventualmente ahorrará dinero a los contribuyentes en todos los países. Cuanto antes termine la pandemia mundial, más rápido las economías pueden volver a la normalidad y la gente necesitará menos apoyo gubernamental.

Dada la inusualmente alta incertidumbre, las políticas deben responder con flexibilidad a las cambiantes condiciones económicas y pandémicas, según sea necesario y debidamente diferenciadas. La mayoría de los países necesitarán hacer más con menos, teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias cada vez más estrictas. Esto significa centrarse en los más afectados y vulnerables, incluidos los pobres, las mujeres y los trabajadores informales, y las empresas que probablemente seguirán siendo viables después de la crisis o que son de importancia sistémica para la economía.

Muchos países de bajos ingresos enfrentarán desafíos incluso después de hacer su parte. Necesitarán asistencia adicional, incluso mediante subvenciones, financiamiento en condiciones favorables, la extensión de la Iniciativa de suspensión del servicio de la deuda o, en algunos casos, la reestructuración de la deuda. Será fundamental la rápida puesta en funcionamiento del Marco Común para el Tratamiento de la Deuda y la ampliación de la elegibilidad de los países deudores.

La política fiscal debería permitir una transformación ecológica, digital e inclusiva de la economía en el entorno posterior a COVID19. Las prioridades incluyen:

• Invertir en sistemas de salud (incluidas las vacunas), educación e infraestructura. Un impulso coordinado de inversión pública verde por parte de economías con espacio fiscal puede fomentar el crecimiento mundial. Los proyectos, idealmente con la participación del sector privado, deberían tener como objetivo mitigar el cambio climático y facilitar la digitalización;
• Ayudar a las personas a volver al trabajo y cambiar de trabajo, si es necesario, mediante subsidios de contratación, programas mejorados de formación y búsqueda de empleo;
• Fortalecer los sistemas de protección social para ayudar a contrarrestar la desigualdad y la pobreza;
• Repensar los sistemas fiscales para promover una mayor equidad y proporcionar incentivos para proteger el medio ambiente; y
• Reducir el gasto innecesario, fortalecer la transparencia de las iniciativas de gasto y mejorar las prácticas de gobernanza para aprovechar todos los beneficios del apoyo fiscal.

Los formuladores de políticas deberán encontrar un equilibrio entre brindar más apoyo a corto plazo para garantizar una recuperación sólida y mantener la deuda a un nivel manejable a largo plazo. El desarrollo de marcos plurianuales creíbles para los ingresos y el gasto (incluida la forma de fortalecer las posiciones fiscales a mediano plazo) será vital, especialmente donde la deuda es alta y el financiamiento escaso.

En resumen, los gobiernos deben ganar la carrera de la vacunación, responder con flexibilidad a las condiciones económicas cambiantes y preparar el escenario para una recuperación más ecológica, más justa y más duradera.

Vitor Gaspar es director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI.

W. Raphael Lam es economista senior del Departamento de Finanzas Públicas.

Paolo Mauro es subdirector del Departamento de Finanzas Públicas del FMI.

Mehdi Raissi es economista senior del Departamento de Finanzas Públicas del FMI.