Justicia, Nacionales

JUSTICIA: Hablemos claro

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Comenzó a regir en la provincia de Buenos Aires la ley de lenguaje claro que busca que los textos legales y formales sean escritos de manera sencilla para garantizar a la ciudadanía el derecho a comprender la información pública.

A través de su publicación en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo bonaerense promulgó la ley de lenguaje claro que busca garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos a comprender la información pública, y promueve el uso y desarrollo de un lenguaje claro en los textos legales y formales.

La normativa detalla que «se entiende por lenguaje claro el basado en expresiones sencillas, con párrafos breves y sin tecnicismos innecesarios que puede ser usado en la legislación, en las sentencias judiciales y en las comunicaciones públicas dirigidas al ciudadano».

La ley sostiene que un documento estará en lenguaje claro si su destinatario puede encontrar lo que necesita, entender la información de manera rápida y usarla para tomar decisiones y satisfacer sus necesidades.

El alcance de la ley incluirá a los tres poderes del Estado provincial, sus organismos descentralizados o autárquicos, los organismos de la Constitución, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado y privadas concesionarias de servicios públicos.

Para ello, «todos los poderes y entidades alcanzadas, deberán incorporar dentro de sus esquemas de comunicación, publicación e información pública, las recomendaciones y lineamientos del instructivo que disponga el Poder Ejecutivo», se detalla en la publicación.

La medida fue aprobada el pasado 10 de septiembre por el Senado bonaerense contempla que los textos deberán ser escritos con un vocabulario corriente, con expresiones sencillas y párrafos breves; evitando tecnicismos innecesarios, evitar palabras en latín y frases excesivamente formales como “Autos y vistos”.

La iniciativa fue de la legisladora Laura Aprile, quién afirmó que «los funcionarios públicos tenemos la obligación de hacernos entender, mientras que los ciudadanos tienen el derecho de poder comprender para desenvolverse cotidianamente, sin confusiones ni incertidumbres, y sin necesidad de intermediarios que deban ‘traducir’ o interpretar”.

La ley sostiene que un documento estará en lenguaje claro si su destinatario puede encontrar lo que necesita, entender la información de manera rápida y usarla para tomar decisiones y satisfacer sus necesidades.