Los vínculos entre Londres y Bruselas se resquebrajan y las negociaciones del Brexit parecen enlodarse más de lo esperado, incluso con el riesgo de llegar a presentaciones legales ante lo profundo de los desencuentros.
El gobierno británico «no quiere y no puede retirar el controvertido proyecto de ley depositado en Westminster (Internal Market Bill) que tiene como objetivo revisar algunos de los compromisos del Acuerdo de Retirada firmado con la UE en los últimos meses en caso de que no se llegue a un pacto de libre comercio con los 27 en el post-Brexit.
Lo dijo secamente el ministro Michael Gove, encargado por el premier Boris Johnson para seguir el tema, tras una reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic.
Gove, por tanto, rechazó explícitamente el ultimátum de Bruselas de dejar de lado este texto antes de finales de septiembre, aún cuando amenaza con emprender acciones legales.
La Unión Europea podría tomar medidas legales en virtud de su tratado de divorcio con Reino Unido si las conversaciones de emergencia previstas para el jueves no garantizan suficientemente a Bruselas que el proyecto de ley que prepara Londres no rompe los compromisos previamente acordados.
Reino Unido y la UE mantendrán el jueves conversaciones de emergencia sobre el plan del primer ministro Johnson de socavar partes del tratado de divorcio del Brexit, con Bruselas explorando posibles medidas legales contra Londres.
El gobierno británico defiende el proyecto de ley post-Brexit que la UE le intima de retirar antes de fin de mes, so pena de recurso judicial, argumentando que el Parlamento «es soberano en materia de derecho nacional» y que «no actuará de manera inconstitucional» aprobando un texto que revisa algunos de los compromisos asumidos en virtud del acuerdo de divorcio suscrito con la UE, en particular sobre el protocolo irlandés.
En una comunicación difundida después de la reunión entre el ministro Gove y el vicepresidente de la Comisión Europea, Sefcovic, Londres reivindica también el derecho de «precedencia» de la legislación nacional «sobre el Acuerdo de Retirada».
Las durísimas declaraciones finales repercutieron desde Bruselas después de que la reunión atestiguara que el encuentro Gove-Sefcovic no anduvo bien. Y la respuesta de «muro contra muro» del gobierno tory de Boris Johnson lo confirma.
En su nota, Londres reconoce el principio de derecho internacional que impone «la obligación de implementar los compromisos de un tratado de buena fe».
«Sin embargo -añadió- en circunstancias altamente difíciles y excepcionales como aquellas que nos encontramos», en el marco de las negociaciones post Brexit, incluso es» importante recordar el principio fundamental de la soberanía del Parlamento».
El Parlamento -continúa el gobierno británico en abierta desafío a Bruselas, refiriéndose al controvertido proyecto de ley denominado Internal Market Bill- es soberano en materia de legislación interna y puede aprobar una ley que contrasta con las obligaciones asumidas por el Reino Unido en un tratado . Al aprobar una ley de este tipo, el Parlamento no actuaría de manera inconstitucional».
Además, concluyó Londres, «la legislación que aplica el Acuerdo de Retirada, que incluye el Protocolo sobre Irlanda del Norte, está expresamente sujeta al principio de soberanía parlamentaria.
Y el derecho del Parlamento (de Westminster) a aprobar disposiciones destinadas a la precedencia sobre el Acuerdo de Retirada está explícitamente confirmada por el Artículo 39 de la Unión Europea, (Acuerdo de retirada) Ley de 2020″, la norma de implementación del acuerdo votado por las mismas Cámaras Británicas», con referencia específica al concepto de ‘efecto directo’ de las leyes de la UE».
Esta disputa se produce en un momento delicado para Johnson y las negociaciones del Brexit.
El proyecto de ley del mercado interno del Reino Unido, publicado el miércoles por la mañana, permitiría a los ministros anular partes del acuerdo del año pasado para garantizar que las empresas de Irlanda del Norte tenga «acceso ilimitado» al mercado interior del Reino Unido, lo que podría generar obstáculos al comercio con el resto de Irlanda.
Esto supondría una «clara violación de las disposiciones sustantivas del Acuerdo de Retirada, según el borrador del documento de trabajo preparado por la UE y distribuido a los estados miembros. (ANSA).
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