La Corte Suprema de Justicia presentó la actualización del Registro Nacional de Femicidios que muestra que durante el 2019 hubo 268 femicidios y 5 transfemicidios en el país. El documento reveló la «violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres» en Argentina.
La Oficina de la Mujer, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, publicó la actualización del Registro Nacional de Femicidios y reveló que hubo 268 femicidios directos y vinculados en 2019, cinco de ellos travesticidios y transfemicidios.
La entidad, a cargo de Elena Highton de Nolasco, explicó que el registro fue construido a partir del aporte de los datos sociodemográficos de las causas de los poderes judiciales y ministerios públicos fiscales de todo el país. Se nutre de los datos cualitativos de las causas, no solo de los sistemas informáticos.
Puntualmente, «se identificaron 252 víctimas directas de femicidio en nuestro país, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Esta cifra incluye 5 travesticidios/transfemicidios. También se identificaron 16 víctimas de femicidio vinculado. Al sumar ambas categorías, la cifra de víctimas letales de la violencia de género en Argentina durante 2019 ascendió a 268”.
Según se desprende del informe, el promedio de edad de las víctimas directas de femicidio fue de 37,6 años. «Ahora bien, si se tiene en cuenta todas las víctimas, 26 eran niñas y adolescentes, lo que representa a más del 10% del total», aclara el documento.
De ellas, hubo siete menores de 13 (trece) años. Luego, entre los 18 (dieciocho) y los 24 (veinticuatro) años, se encuentra el 13% de las víctimas. Más de 1 de cada 4 víctimas (25%) tenía entre 25 (veinticinco) y 34 (treinta y cuatro) años al momento del hecho, siendo el grupo etario más frecuente. «De manera conjunta, 35% de las víctimas tenían entre 35 (treinta y cinco) y 59 (cincuenta y nueve) años. Por último, 12% de las víctimas tenían 60 (sesenta) años o más cuando fueron asesinadas. No se informó la edad de 10 (diez) víctimas directas de femicidio», sintetiza.
Respecto del nivel de vlnerabilidad de las víctimas, la investigación arroja que al momento del femicidio al menos nueve víctimas se encontraban embarazadas, siete en situación de prostitución y seis tenían algún tipo de discapacidad. Luego, cuatro víctimas directas de femicidio pertenecían a pueblos originarios, nueve eran migrantes internacionales, dos eran migrantes interprovinciales y al menos tres eran migrantes intraprovinciales.
Otro dato a destacar del relevamiento es el vínculo entre víctima y victimario, en el caso de parejas, 34 eran cónyuges y 79 eran otro tipo de pareja; en el de ex parejas, 28 eran ex cónyuges y 38 otro tipo de ex pareja; en el de familiares directos, ocho eran padres o padrastros de la víctima, dos hermanos y once hijos; y seis eran otro tipo de familiar. Finalmente, 37 tenían otro tipo de vínculo.
“La definición que utilizamos para dar cuenta de la letalidad de la violencia contra las mujeres es más amplia que la de nuestro Código Penal», detalló Highton de Noslaco y agregó: «Utilizamos la del Comité de Expertas de la Convención Belém do Pará (CEVI) y, además, incluimos femicidios vinculados. Por esta razón, quienes recaban los datos en las provincias lo hacen a partir de la lectura de las causas desde la perspectiva de género».
El registro releva los crímenes ocurridos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior, que dejaron huérfanos a 222 niños y niñas, y fue construído con datos de los poderes judiciales de todo el país.
Los femicidios vinculados son aquellos cometidos contra una o varias personas (niñas, niños, adolescentes, mujeres cis, varones, trans, travesti), a fin de causarle sufrimiento a una mujer.
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