El presidente de Brasil, Michel Temerm recibió hoy con «preocupación» una serie de allanamientos ordenados por un juez que investiga presuntos delitos electorales, que de confirmarse, implicarían su destitución del cargo. Dilma Rousseff, ex aliada y actual enemiga de Temer, también está molesta con la decisión judicial.
«Creció la preocupación en el Palacio del Planalto» este martes, poco después de que la Policía Federal realizara una serie de allanamientos en varias empresas, afirmó Gerson Camarotti, periodista del canal Globonews.
Decenas de efectivos de la Policía Federal visitaron y retiraron documentos de empresas que fueron contratadas por Rousseff y Temer en la campaña electoral de 2014, ante la sospecha de que se cometieron irregularidades.
El ministro Herman Benjamin, del Tribunal Superior Electoral, ordenó el inesperado operativo policial simultáneo en empresas gráficas y oficinas de los estados San Pablo, Minas Gerais y Santa Catarina.
El ministro Benjamin cuenta con indicios sobre el presunto desvío de dinero del Estado para pagar los servicios prestados por esas empresas en la campaña 2014.
En el ambiente político de Brasilia fue recibida con sorpresa la medida del magistrado ordenada en pleno receso judicial, iniciado la semana pasada.
La fórmula presidencial encabezada por Rousseff, con Temer como postulante a vicepresidente, venció en segunda vuelta los comicios de octubre de 2014.
En agosto pasado, Temer asumió la Presidencia tras la condena recibida por Rousseff en un juicio político sustanciado en el Congreso.
De confirmarse ese presunto delito electoral será casado la fórmula y, con ello, Michel Temer puede ser obligado a dejar el cargo y se convocaría a elecciones indirectas.
Fuentes del gobierno consideran probable que el ministro Benjamin cuente con elementos, eventualmente reforzados tras la obtención de más documentos este martes, que le permitan condenar a Temer y Rousseff, señaló el columnista Camarotti.
El caso es que los tiempos políticos se adelantaron hoy pues tanto Temer como Rousseff contaban con la feria judicial, que finaliza en febrero, para organizar sus estrategias de defensa.
El voto del juez Benjamin, que es el instructor del caso, tendrá que ser sometido a la consideración del Plenario del Tribunal Electoral.
La semana pasada Temer declaró que no piensa renunciar al cargo y anticipó que, en caso de ser hallado culpable de delitos electorales, apelará la medida ante el Supremo Tribunal Federal, que es la última instancia judicial.
Precisamente el Supremo comenzará a analizar en los próximos días, también durante el receso judicial, las delaciones de ex ejecutivos de la constructora Odebrecht, que acusaron a Temer de recibir sobornos en 2010 y 2014.
Si la situación del Jefe de Estado tiende a complicarse en los próximos meses, no es menos confortable el panorama que le espera a la exmandataria Rousseff.
Esto porque si la Justicia electoral la condena ella perderá sus derechos políticos y no podrá ser candidata a ningún cargo en los comicios de 2018.
Rousseff manifestó hoy su «perplejidad e indignación» ante los allanamientos ordenados por el ministro Benjamin.
En un comunicado Rousseff cuestionó que se hayan realizado interrogatorios a miembros de las empresas sospechadas sin la presencia de sus abogados defensores. (ANSA).
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