La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado donde criticó varias de las propuestas que integran el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, como las múltiples audiencias por la que deberá pasar la víctima o la creación de un Cuerpo de Abogados que dependa del Ministerio Público Fiscal. También destacaron que el problema de la seguridad pública «es de competencia policial y constituye una cuestión ajena al sistema judicial».
Hace dos meses el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires presentó a la legislatura el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que prevé darle a la víctima facultades que amplíen su protagonismo en el proceso judicial, habilitarla a intervenir en la etapa de ejecución y darle la posibilidad de expresar su opinión respecto de las resoluciones de sobreseimiento, de aplicación del instituto de juicio abreviado y del cómputo de la pena. También se la incluye para que pueda participar de la discusión final del debate, asignándole el primer lugar en el orden de exposición.
A raíz de ello, la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado donde sostuvieron que «no es la mera modificación de leyes la forma de resolver el problema de la inseguridad». Actualmente, «de los 627.995 casos de la Provincia el 49.97 % no se logra determinar al autor, pero de aquellas que sí se logra individualizar al sospechoso (50.03 %) sólo un pequeño número se presenta ante la jurisdicción, puesto que del total de investigaciones, son archivadas o desistidas en un 90.8 %, disponiéndose criterios de oportunidad o conciliaciones en el 4.3 %; es decir, sólo alrededor del 4.8 % de las causas son tramitadas 2 ante un juez, mientras que el 95.2 % de los casos son administrados por el Ministerio Público Fiscal».
Teniendo en cuenta esas estadísticas, desde el organismo advirtieron que «difícilmente las garantías de la víctima a una tutela judicial efectiva, pueda satisfacerse cuando el 90,8 % de las investigaciones fracasan». Por lo tanto, «para que la reforma permita a las víctimas intervenir eficazmente en el sistema penal, deben diseñarse dispositivos que tornen útiles sus intervenciones, sin que ello importe molestias constantes para el ciudadano (revictimización por constantes interferencias del proceso con el desarrollo de su vida) ni respuestas formales que solo burocratizan la investigación con retraso y desgaste inútil de recursos (multiplicar notificaciones, vistas de causa, presentaciones improcedentes, oficios, etc.)».
Sobre los altos índices de inseguridad que vive la provincia, desde la Red presidida por Gustavo Herbel, destacaron que «el problema de la seguridad es de competencia policial y ajeno a sistema judicial; es una tarea preventiva y pre-procesal, que reclama una institución depurada y capacitada. La contribución del sistema penal en el tema se limita a reducir la impunidad, y esto es, sustancialmente, un objetivo de la política de persecución penal del Ministerio Público Fiscal, más vinculado a estrategias de investigación, a la creación de una policía judicial con capacidad técnica (peritos y detectives) o, entre otras medidas, a diseñar instrucciones generales que permitan atacar los puntos neurálgicos de los mercados ilícitos, más que ocuparse de prisionizar masivamente al último escalón de la cadena delictiva: el autor atrapado en flagrancia tardíamente, cuando ya afectó al ciudadano».
Otro de los puntos que se presentó en el proyecto es la creación de un Cuerpo de abogados para asistencia a la víctima, con planta permanente, que funcione bajo la órbita de la Procuración General. Sobre esto, los jueces penales expresaron que «para mejorar las prestaciones a la víctima, no es correcto ingresar más recursos al propio MPF donde el instituto fracasó; esto sería como multiplicar al órgano que se pretende controlar para mejorar las investigaciones. Es necesario crear una institución diversa, sin burocracia, con intereses ajenos a los órganos del MPF y que, por el contrario lo confronten y controlen para cualificar sus investigaciones en beneficio de las víctimas».
En ese sentido, proponen que suscriban convenios con instituciones de abogados (Universidades, Colegios de Abogados, ONGs, etc.) que podrían ofrecer sus recursos profesionales para optimizar investigaciones, al tiempo de permitir a los abogados junior o alumnos de los prácticos universitarios, ingresar al sistema judicial penal tutorados por profesionales experimentados o profesores de altas casas de estudios, ya que «ello agregaría un recurso humano, interesado, dinámico y desburocratizado, en beneficio de las víctimas, sin costos para el Estado y actualmente subutilizado».
Finalmente, la red que nuclea a los jueces penales bonaerenses, concluyó que «multiplicar audiencias con la víctima para cada resolución, como proyecta la reforma, dilata el proceso sin solucionar el problema. La víctima solo expresa su dolor y eso no es prueba. El Estado debe asistirla con fiscales orientados por una política de persecución penal eficaz y, en casos especiales, por un Cuerpo de abogados especializados e independientes, sin compromiso con el Ministerio Público, que asesoren a la víctima para optimizar las investigaciones».
Asimismo, «pretender neutralizar el auge del delito violento y de las organizaciones criminales, sin una política de Estado, sólo a base de remiendos normativos de emergencia, tal como ya lo hicieran gobiernos anteriores, es un camino que conduce a ningún lugar».
