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El piso a partir del cual los funcionarios están obligados a realizar una licitación pública subió de $800.000 a $6.500.000.

El Gobierno nacional decidió elevar más del 650 por ciento el piso a partir del cual los funcionarios están obligados a hacer licitaciones públicas para las distintas contrataciones.

Mediante el Decreto 690/2016, el Ministerio de Modernización estableció que el Estado y los organismos dependientes de la Administración Nacional deberán licitar toda compra del sector público que supere los $6 millones, cuando antes el límite era de $800.000.

El Poder Ejecutivo modificó parcialmente el Reglamento de Contrataciones de la Administración Pública Nacional con el objetivo de “otorgar mayor flexibilidad y rapidez a la gestión de las contrataciones”, es decir eliminar los tiempos que demandan las licitaciones. Esto es cuestionado porque también habilita a compras y contrataciones poco transparentes.

Según la resolución, los nuevos topes para las contrataciones directas serán los siguientes: $75.000 para realizar contrataciones por trámite simplificado; $1.300.000 para contrataciones directas (antes el límite era de $200.000); $6.000.000 para licitaciones privadas o concursos privados (antes el límite era de $800.000); más de $ 6.000.000 para licitaciones públicas o concursos públicos (antes el límite era de $800.000).

Además, el decreto facilita a los funcionarios de rangos inferiores la realización de contrataciones, descentralizando así la toma de decisiones y con el objetivo de lograr «una mejor política de compras y contrataciones del Estado nacional».

El texto de la norma recuerda que las cifras no se actualizaban hace casi tres años, cuando fueron elevadas por el Decreto 1039 con fecha del 29 de julio de 2013. «Ya lo han hecho diversas jurisdicciones, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», señalaron.