Ayer jueves el juez Carlos Herrera del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 resolvió dar lugar a la demanda de acción preventiva que realizó la Asociación para la Conservación del Parque para que se detengan las obras que el municipio intentó llevar adelante en el predio de avenida 10 y calle 123 para instalar una cancha de hockey de pasto sintético.
De esta manera, la justicia ordena al municipio que detenga las obras. El oficio fue presentado esta mañana al municipio por parte del abogado patrocinante de la Asociación, Juan Pablo Molina.
«Se trata de una medida cautelar de no innovar», explicó a Cuatro Vientos el letrado. «La demanda fue presentada por la Asociación para la Conservación del Parque Miguel Lillo y hasta tanto el municipio no pruebe lo contrario, tienen que parar la obra», agregó.
«Probar lo contrario» significaría que el municipio explique que no viola la ley 8912, que prohíbe la intervención de los espacios verdes y públicos, y la ley de riqueza forestal, que también estaría siendo desobedecida por la comuna.
«Esto es una demanda. Se presentó una acción preventiva: dentro de la acción preventiva, que consta de 50 fojas donde se presentaron informes técnicos del daño que provocaría la instalación de la cancha de hockey, incluimos leyes que se estarían violando dentro de la demanda en general», explicó Molina.
«En particular, a su vez, sin perjuicio de la demanda, pedimos una medida cautelar porque el peligro que puede haber en la demora puede provocar un daño irreparable, por lo tanto es preferible intervenir primero», agregó.
Ahora el juez pedirá informes, plan de obra y estudios «fehacientes, válidos y acabados», entre otras cosas. «Mientras tanto, la demanda sigue, lo que hace el juez a modo preventivo (para que el daño no se genere, a prima facie) porque puede haber una ilegitimidad», agregó.
La medida cautelar dispone la paralización de la obra hasta que no estén las cosas en claro, que es precisamente lo que los vecinos han estado reclamando como parte de su oposición al proyecto.
De esa manera, la Justicia ha dado la razón a los vecinos autoconvocados y ambientalistas y pedirá informes correspondientes al municipio para determinar si se está cumpliendo con el debido proceso.
«El juez nos dio la razón y consideró que es viable la medida cautelar porque podría ser que el trabajo sea ilegítimo», sostuvo.
La medida dispuesta fue llevada adelante por la justicia administrativa, que es la que en definitiva debe decidir sobre la cuestión.
Una presentación anterior de la ingeniera Susana Laborde se hizo en el ámbito penal como parte de la estrategia judicial de los vecinos buscando ganar tiempo para conseguir esta nueva medida.
Esa denuncia fue rechazada e interpretada por los partidarios del proyecto como un visto bueno de la Justicia, que hoy decidió por los canales correspondientes que la obra debe pararse hasta tanto la municipalidad pruebe la regularidad del proceso.
Los vecinos y ambientalistas han insistido una y otra vez con que están en favor de la instalación de la cancha de hockey donada, pero que el proyecto debe ser ejecutado en otro lugar.
La insistencia del Ejecutivo y sus desmanejos finalmente podrían devenir en que la instalación de la cancha quede suspendida a raíz de las múltiples desprolijidades alrededor del proceso, algo que advirtieron desde un primer momento los concejales opositores cuando el HCD trató el convenio de donación en septiembre pasado.
Qué lastima haber tenido que llegar a esta instancia. Una pena que las autoridades (ejecutivo y deliberativo) que crearan el año pasado la comisión para el parque, en vez de hacer lo resuelto y escrito, en vez de haber dialogado, haya intentado hacer algo de prepo y de noche . . ., y sin ofrecer ninguna alternativa, como si «alguien» se hubiera obsesionado, o hubiera tenido algún interés muy particular y personal, en que la cosa fuera en el parque. EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO CON LA SECRETARIA DE GOBIERNO AL FRENTE, SERAN LOS MARISCALES DE LA DERROTA (de la pérdida)