Las privatizaciones de Milei bajo investigación

El proceso de venta de empresas públicas impulsado por la administración de Javier Milei atraviesa su momento de mayor tensión política e institucional.

La inquietud en la oposición aumentó luego de que se cumpliera, sin ningún tipo de respuesta, el plazo de 15 días hábiles fijado el pasado 12 de agosto por la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.

El cuerpo legislativo había solicitado a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, conducida por Diego Chaher, un informe urgente sobre la marcha y las tasaciones de compañías clave como Ferrocarriles de Carga y Pasajeros, Corredores Viales, Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Enarsa, Intercargo, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

La falta de información oficial alimenta las sospechas de distintos bloques parlamentarios de que el Poder Ejecutivo busca subvaluar los activos estatales para liquidarlos a precio de remate.

El pedido de informes, promovido por la bancada de Unión por la Patria (UP) pero respaldado con las firmas de la totalidad de los miembros de la comisión, apunta centralmente a determinar cómo y bajo qué parámetros se calcularon los valores de las compañías públicas.

El desplazamiento del Tribunal de Tasaciones y el rol del BICE

Detrás del hermetismo oficial yace una cuestionada maniobra administrativa. Al inicio del proceso privatizador, el Gobierno decidió apartar al Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) —un organismo técnico especializado que cuenta con una plantilla de casi cien profesionales— para encomendar la tasación de los activos al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Documentos oficiales revelan la celeridad e improvisación con la que se estructuró esta alternativa: el BICE creó la Gerencia de Valuación de Empresas en mayo de 2025 durante una reunión de directorio que contó con la participación de funcionarios del equipo económico, como Martín Vauthier y Felipe Núñez, junto a Nicolás Scioli.

Para julio de ese año, cuando el banco confirmó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas que aceptaba la tarea, la nueva gerencia tenía un único empleado: su titular.

Aunque entre agosto y diciembre se sumaron tres analistas más, esa estructura mínima de solo cuatro personas fue la encargada de fijar el valor de mercado de infraestructuras críticas, como las represas hidroeléctricas del Comahue, Aysa, Belgrano Cargas, Intercargo y las participaciones de Enarsa.

A este esquema se sumó otra modificación institucional clave: el 4 de diciembre de 2025, el directorio del BICE reformó su política de valuación y eliminó la exigencia de someter las tasaciones a un control de calidad externo.

Por su parte, el titular del TTN, Julio Villamonte, había rechazado realizar las tasaciones argumentando que el tribunal solo evalúa bienes tangibles y carece de atribuciones para proyectar flujos de ganancias futuras, una postura que contó con el aval del Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, pese a que existen antecedentes históricos —como las expropiaciones de Aerolíneas Argentinas en 2008 e YPF en 2012— donde el organismo sí realizó valuaciones integrales de empresas. Ante estos hechos, la oposición solicitó la citación parlamentaria tanto de Villamonte como del presidente del BICE, Maximiliano Voss.

Transener: tasación bajo reserva y dividendo inmediato

El caso de Citelec —sociedad controlante de la transportista de energía de alta tensión Transener y con participación de Enarsa— condensa las mayores irregularidades del esquema.

En diciembre de 2025, el Ministerio de Economía aprobó el pliego para licitar el 50% de las acciones de Citelec fijando un precio base de US$ 206 millones.

El monto se fundamentó en una tasación del BICE que nunca se hizo pública y que generó severos cuestionamientos, considerando que los balances de Transener reflejaban utilidades anuales recurrentes superiores a los US$ 200 millones.

Finalmente, el 8 de mayo el Ministerio de Economía adjudicó el paquete accionario por US$ 356 millones al consorcio integrado por Geneia (encabezada por Jorge Brito) y Edison Energía (propiedad de los hermanos Jorge y Patricio Neuss, de estrecha llegada a la mesa de asesores del Gobierno).

La controversia escaló cuando se confirmó que el 31 de agosto, el mismo día en que los nuevos compradores tomaron posesión y control operativo de la firma, cobraron un reparto de dividendos acumulados durante la gestión estatal previa.

En la práctica, parte del desembolso realizado para adquirir la compañía se financió de inmediato con las propias ganancias generadas cuando la empresa estaba en manos del Estado.

«La distribución de dividendos refuerza que la tenencia estatal sobre Citelec y Transener era estratégica y le reportaba ganancias. Es decir, se refuerza que se trató de una privatización ideológica, no fiscal», cuestionó la diputada Julia Strada (UP).

Frente a la parálisis de la comisión bicameral —encabezada por el senador libertario Pablo Cervi— y el vencimiento de los plazos legales fijados para la entrega de documentación, el bloque opositor insiste en que los funcionarios del Poder Ejecutivo comparezcan en el Congreso para dar explicaciones sobre las valoraciones de los activos públicos y el destino de los recursos del Estado.