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Material enviado por el Lic. Jorge Mancuso

La propuesta de extender la cobertura de las asignaciones familiares va en la dirección correcta. Sin embargo, es recomendable focalizarla en las familias pobres y acompañarla con el desmantelamiento de la gran cantidad de programas asistenciales de muy baja eficacia que se ejecutan en la actualidad. De esta manera, se puede fijar un monto por hijo que permita salir de la pobreza a los hogares beneficiarios y evitar que sean las familias de ingresos medios y altos las que se apropien del gasto social. Para morigerar los riesgos de clientelismo, la focalización debería instrumentarse con reglas objetivas y de aplicación automática.

El sistema de asignaciones familiares desde sus orígenes operó con carácter contributivo, cubriendo a los trabajadores asalariados formales. El principal beneficio que contempla es la asignación por hijo. Se trata de una transferencia mensual por cada hijo menor a 18 años. En 1996 se introdujo un primer principio de focalización al establecer montos decrecientes de beneficios según el nivel de salario. Con el aumento anunciado, se pagará para salarios inferiores a $2.400 un valor base de $180, entre $2.400 y $3.600 de $136 y entre $3.600 y $4.800 de $91. Los montos también varían en función de la región y discapacidad.

En este contexto, recientemente se plantearon varias iniciativas que proponen universalizar la asignación por hijo. El objetivo subyacente es mejorar el impacto distributivo al contemplar el acceso de los trabajadores informales, un segmento donde es particularmente intensa la incidencia de la pobreza. Lamentablemente, el INDEC dejó de publicar la base usuarios de la EPH, imposibilitando un análisis actualizado. De todas formas, proyectando datos sobre pobreza referidos al año 2006 y la proyección de cantidad de menores de 18 años para el año 2010 se puede realizar una aproximación del impacto de la universalización:

• Si todos los niños y jóvenes menores de 18 del país reciben la asignación familiar por hijo de $180 habría que erogar aproximadamente $30.000 millones por año.
• De ese total, aproximadamente $14.000 millones beneficiarán a hogares pobres.
• Los $16.000 millones restante serán apropiados por hogares no pobres.

Los defensores de la propuesta de universalizar la asignación por hijo enfatizan dos ventajas. Por un lado, se mejora el impacto distributivo respecto a la situación actual, ya que recibirán asignaciones familiares muchos hogares de bajos recursos que hoy no son beneficiarios. Por el otro, al operar como una transferencia universal y automática, se morigeran los riesgos de prácticas clientelísticas.

Sin embargo, si la extensión se hace de manera indiscriminada, es decir, sin ningún criterio de focalización, se producen impactos negativos importantes. Por un lado, más de la mitad del gasto será apropiado por familias no pobres. Por otro, aun con un esfuerzo fiscal importante, con un monto en el entorno de los $180 mensuales por hijo, la mayoría de las familias indigentes y pobres no saldrían de esa condición luego de percibir la transferencia.

Esto sugiere que una variante más promisoria es extender la cobertura de las asignaciones familiares, pero con un criterio de focalización que priorice las familias de más bajos ingresos. Si esto va acompañado del desmantelamiento de la enorme cantidad de programas asistenciales de bajísima eficacia que se ejecutan en la actualidad, con el mismo esfuerzo fiscal se puede financiar un monto de la asignación mucho más alto, llevándolo a un nivel suficiente como para que los hogares pobres salgan de esa situación.

Para morigerar los riesgos de clientelismo habría que establecer reglas objetivas y de aplicación automática para evaluar la situación de cada hogar. Hay que tener en cuenta que, si bien en un contexto de informalidad masiva como sufre la Argentina es relativamente fácil ocultar los ingresos, no es tan simple ocultar manifestaciones de consumo y riqueza. Por eso, aun dentro de las severas debilidades institucionales que muestra el Estado argentino, es factible realizar una focalización objetiva y bastante confiable en base a cruces de bases de datos actualmente accesibles. Por ejemplo, se podría utilizar la inscripción en Monotributo o autónomos; la posesión de inmuebles u otros activos registrables, como autos o motos; consumos de electricidad, telefonía y TV por cable; información del sector financiero; compra de pasajes aéreos; tarjetas de fidelización de clientes; etc.

El otorgamiento de jubilaciones de manera indiscriminada a través de las moratorias previsionales es uno de los mayores fracasos de la política social argentina. Implicó un enorme aumento del gasto público social que en su mayor parte va en beneficio de gente de ingresos medios y altos. En paralelo, muchos adultos mayores pobres no acceden al beneficio debido a que no logran superar las barreras burocráticas. La asignación familiar por hijo puede correr igual suerte, si no se plantea priorizando a los más pobres con mecanismos de focalización de aplicación objetiva y automática.