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Fuero Penal Juvenil

El Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) emitió un documento crítico en contra de la reciente sanción por parte del Senado del nuevo régimen penal juvenil. Según el organismo, ese proyecto es regresivo porque retrotrae a la dictadura toda vez que tiene como fin únicamente el castigo de los jóvenes, y porque –según las estadísticas- la cantidad de delitos graves que cometen menores de 16 años es “ínfima”. Además, lo criticaron por la rapidez en que se sancionó y por no haberle dado una mayor discusión.

El CEPOC criticó que “no hubo discusión pública” en cuanto al nuevo régimen penal juvenil y consideró que el Senado lo aprobó “casi en silencio”.

Se trata del proyecto que bajó la edad de imputabilidad a los menores de 14 años. “Si para derogar la Ley de Radiodifusión de la dictadura y sancionar una nueva norma se realizan decenas de encuentros en todo el país ¿No les parece a los señores legisladores que para resolver que niños de 14 años deben estar presos, es preciso escuchar la voz de los/as trabajadores/ as, de los/as especialistas en derecho de la infancia, de los y las ciudadanas interesados en este tema, y muy pero muy especialmente, la voz de niños, niñas y adolescentes?”, criticaron.

Para el organismo, el nuevo régimen es “regresivo”. “En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad” con lo cual “está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y solo se puede avanzar en dicha cobertura”, indicaron. Al respecto explicaron que pasamos de un Código Penal que en 1921 establecía la edad de punibilidad en 14 años, luego se fue subiendo el tipo hasta llegar en 16 años durante la reapertura democrática del 80, y ahora –con la sanción de este nuevo proyecto- se regresó como edad tope a los 14 años.

Además, estimaron que su único fin tal cual fue aprobado, es imponer un “castigo” a los jóvenes. El documento descalifica lo dicho por miembros de la Corte al rechazar la excarcelación de menores de un instituto, sobre que es mejor para ellos estar en ese lugar y no en la calle donde pueden ser víctimas de gatillo fácil. “Decir que el único modo en que una persona acceda a las garantías constitucionales es introducirlo en el sistema penal es por lo menos una falacia”, según el CEPOC.

“No se trata de sancionar más leyes, sino de cumplir las que ya existen”, remarcaron, y en ese sentido criticaron el hecho que “la mitad de los adolescentes carece de condiciones básicas de existencia” tales como falta de “agua potable, ni vivienda, ni educación y salud de calidad, ni viven en un ambiente sano, ni tienen acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones y futuro”.

“Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo esto, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten”, agregaron desde el CEPOC.

También repudiaron el nuevo régimen, señalando que “la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves es ínfima”. Es que –según suscribieron en el documento – de acuerdo a datos de Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de 3 de Febrero “sobre un total de 1800 adolescentes menores de 18 años privados de libertad por causas penales en el país, un 15 % está imputado de homicidio (incluyendo la tentativa de homicidio, es decir, los casos en que no se produjo el resultado muerte), 270 casos”

“Si aplicáramos la proporción entre punibles y no punibles, tendríamos que, de esos 270 casos, solo 46 (el 17 % de 270) corresponderían a adolescentes de entre 14 y 15 años. Pero esa cifra es más baja aún si tomamos la cifra del total de homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país: unos 2000. De esa cantidad, en unos 200 participan menores de 18 años”, sostuvieron.

Remarcaron que en la actualidad “el Estado no es capaz de controlar las instituciones de encierro” y siguiendo esa lógica “mucho menos podrá controlar las que piensa crear”.

Por último, sostuvieron desde el CEPOC que el sistema penal “es discriminatorio, selectivo y estigmatizante” porque “no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables”. Y –según explicaron- “los pibes son el eslabón más débil de los grupos delictivos y las empresas criminales”. (Dju)

“REGIMEN PENAL JUVENIL: VOLVIERON A LA CARGA

En medio de la seminactividad oficial con motivo de la epidemia de gripe, y con la Cámara de Diputados virtualmente cerrada, el viernes 10 de julio, después del feriado por el Día de la Independencia, nos enteramos de lo siguiente:

“El Senado aprobó en general un nuevo régimen penal para adolescentes, que establece que la privación de la libertad para los menores de 18 años infractores de la ley será ‘la excepción y el último recurso’, y libera de responsabilidad penal a quienes tengan menos de 14.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad, pero el tratamiento en particular del articulado quedó para más adelante, pues aún persisten diferencias entre los legisladores. El texto tratado es una síntesis de varios proyectos presentados en la Cámara Alta en los últimos años, y algunos de sus autores son María Perceval, Sonia Escudero y Gerardo Morales.

La norma -que luego de ser aprobada deberá ser enviada a Diputados para su sanción definitiva- establece que ningún chico menor de edad acusado de cometer un delito podrá ser juzgado por el sistema penal general ni aplicársele las penas previstas para las personas mayores.

Se determina que están exentas de responsabilidad quienes al momento de cometer el delito del que se los acusa no alcancen la edad de 14 años, y tampoco serán punibles quienes tengan 14 o 15 años y hayan cometido delitos de acción privada sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de libertad inferior a tres años.

Asimismo, no recibirán sanciones penales quienes tengan 16 o 17 años cuando cometieron delitos de acción privada sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de la libertad inferior a dos años.

Se indica luego que ‘se privilegiará la permanencia de la persona menor de dieciocho años dentro de su grupo familiar’ y que ‘en caso de no existir este, deberá darse intervención a los órganos administrativos de protección de derechos del niño, niña y adolescente’ «

No hubo discusión pública. Casi en silencio, tal vez de modo vergonzante, el Senado presidido por Julio Cleto Cobos decidió sesionar, y aprobar “en general” un proyecto que baja la edad de punibilidad a los 14 años, con el argumento remanido de “darles garantías a los adolescentes”.

Si para derogar la Ley de Radiodifusión de la dictadura y sancionar una nueva norma se realizan decenas de encuentros en todo el país, y se escucha la voz de los dueños de los medios, de los lobbistas, de los trabajadores de prensa, de los intelectuales, de los ciudadanos y ciudadanas que están interesados en este tema… ¿No les parece a los señores legisladores y a las señoras legisladoras que para resolver que niños de 14 años deben estar presos, como lo había decidido en su momento la dictadura, es preciso escuchar la voz de los/as trabajadores/ as, de los/as especialistas en derecho de la infancia, de los y las ciudadanas interesados en este tema, y muy pero muy especialmente, la voz de niños, niñas y adolescentes, que serán quienes, con el argumento de la protección de sus derechos, irán a poblar las cárceles para niños”.

Desde el CEPOC nos hemos opuesto a estos proyectos, en los que parecen estar de acuerdo todos, desde los legisladores oficialistas y los del peronismo disidente hasta los radicales y los cobistas, desde los aristas hasta los macristas-michetistas.

Nos seguimos oponiendo, y reiteramos los argumentos que tenemos para decirle NO a este proyecto que ya cuenta con media sanción en el Senado:

POR QUÉ NO BAJAR LA EDAD DE PUNIBILIDAD A LOS 14 AÑOS

• PORQUE ES REGRESIVO: En el Derecho Internacional de los Derechos

Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y solo se puede avanzar en dicha cobertura. El Código Penal sancionado en 1921 establecía la edad de punibilidad en 14 años. Durante el gobierno peronista, en 1954, se estableció en 16 años, en el marco de una política dirigida a la protección de la infancia (Ley 14.394). La Dictadura, en una de sus primeras medidas (Decreto Ley 21.338), derogó parcialmente esa norma, y fijó la edad de punibilidad en 14 años, decisión que mantuvo en el Régimen Penal de la Minoridad, creado en 1980 (Decreto Ley 22.278). En mayo de 1983, meses antes de la recuperación de la democracia, la edad de punibilidad volvió a establecerse en los 16 años.

Regresar a la edad establecida por la Dictadura no parece una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes.

• PORQUE EL ÚNICO OBJETIVO ES EL CASTIGO: El mandato constitucional establece que el sentido de la privación de la libertad no debe ser el castigo, sino la adecuada preparación para la vida en libertad. Sin embargo, la discusión de estos proyectos, luego de un hecho grave que involucró a un adolescente de 14 años, revela que el único objetivo es establecer políticas de castigo sobre esta población, violentando ese mandato, y confundiendo a las personas que creen que esta reforma le será aplicada a ese joven, lo que es falso.

• PORQUE NO ES CIERTO QUE SEA EL ÚNICO MODO DE BRINDAR

GARANTÍAS A LOS ADOLESCENTES DE 14 Y 15 AÑOS: Decir que el único modo en que una persona acceda a las garantías constitucionales es introducirlo en el sistema penal es por lo menos una falacia. Las garantías las tenemos todas las personas de todas las edades, el problema es que muchas veces no se cumplen ni se respetan. Es responsabilidad de los jueces aplicar las leyes, y velar porque todas las garantías de todas y todos los ciudadanos, se cumplan conforme la ley.

• PORQUE NO SE TRATA DE SANCIONAR MÁS LEYES, SINO DE CUMPLIR

LAS QUE YA EXISTEN: La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) tienen plena vigencia, así como todos los tratados internacionales de derechos humanos que establecen todos los derechos a los que son acreedores cada niño y cada niña que vive en nuestro país. Sin embargo, la mitad de ellos carece de condiciones básicas de existencia: no tienen cloacas ni agua potable, ni vivienda, ni educación y salud de calidad, ni viven en un ambiente sano, ni tienen acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones, futuro. Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo esto, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten.

• PORQUE LA CANTIDAD DE ADOLESCENTES DE 14 Y 15 AÑOS QUE COMETEN DELITOS GRAVES ES ÍNFIMA: Diputados y diputadas, senadores y senadores deberían pensar si es justo sancionar una ley que, más allá de sus intenciones, será aplicada para el castigo, y que significará un retroceso en cuanto a las políticas dirigidas a la infancia, para atender, de modo punitivo, los hechos que cometen un puñado de adolescentes. Según una investigación de Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de 3 de Febrero (http://www.unicef. org/argentina/ spanish/Adolesce ntes_en_el_ sistema_penal. pdf) sobre un total de 1800 adolescentes menores de 18 años privados de libertad por causas penales en el país, un 17 % son no punibles, es decir menores de 16 años: 300 adolescentes. Ahora bien, cuando se analizan los delitos que se les imputan a aquellos 1800 adolescente privados de libertad, los datos indican que un 15 % está imputado de homicidio (incluyendo la tentativa de homicidio, es decir, los casos en que no se produjo el resultado muerte): 270 casos. Si aplicáramos la proporción entre punibles y no punibles, tendríamos que, de esos 270 casos, solo 46 (el 17 % de 270) corresponderían a adolescentes de entre 14 y 15 años. Pero esa cifra es más baja aún si tomamos la cifra del total de homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país: unos 2000. De esa cantidad, en unos 200 participan menores de 18 años. Y de esos doscientos, según declaraciones del director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, en solo 15 casos participan menores de 16 años http://http: //www.pagina12. com.ar/diario/ sociedad/ 3-123922- 2009-04-26. html Este análisis no supone quitar importancia a una sola muerte violenta producida por la intervención de un adolescente, pero entendemos que una decisión de política criminal de la gravedad de la que se intenta, debe analizar a qué población está destinada, con qué objetivos, y a qué costos, antes de tomarse.

• PORQUE SI EL ESTADO NO ES CAPAZ DE CONTROLAR LAS INSTITUCIONES DE ENCIERRO QUE HOY TIENE, MUCHO MENOS PODRÁ CONTROLAR LAS QUE PIENSA CREAR: Todos los días hay noticias acerca de muertes en lugares de encierro (76 por causas violentas y/o dudosas durante 2008, según los registros del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos) El viernes 24 de abril, la justicia ordenó cerrar un hogar de niños, niñas y adolescentes regenteado por la Fundación de Julio Grassi, luego de que un niño de ocho años intentara ahorcarse, hastiado de los abusos cometidos contra su persona, y de que se recopilaran otras tantas denuncias. La Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en noviembre de 2004, pero no implementa los mecanismos de visita a los lugares de detención para prevenir los abusos, los malos tratos y la tortura. Esa es otra norma vigente que no se cumple, casi cinco años después de ser sancionada.

• PORQUE EL SISTEMA PENAL ES DISCRIMINATORIO, SELECTIVO, ESTIGMATIZANTE: Es decir: no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables, los que menos “esfuerzo” tienen que hacer para caer en sus redes. Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes.

• PORQUE LOS PIBES SON EL ESLABÓN MÁS DÉBIL DE LOS GRUPOS DELICTIVOS Y LAS EMPRESAS CRIMINALES: Casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta, es porque alguien con más edad y con más poder, lo ha utilizado. Un niño de 14 años difícilmente robe un auto para cometer otros delitos. Lo más seguro y lo que indican todas las investigaciones es que recibe un arma y una paga miserable por conseguir ese auto que luego irá a un desarmadero, para que muchos de los que reclaman la baja en la edad de la punibilidad compren más baratos los repuestos para sus autos.

• PORQUE LAS PENAS PREVISTAS NO SON INTOCABLES: Se utiliza como un argumento a favor de la baja de edad de punibilidad, que se fijarán penas bajas (lo que no es cierto, al menos en el proyecto presentado por el Dr. Raúl Zaffaroni y la Dra. Lucila Larrandart, en el que se permiten penas de hasta siete años para la franja de 14 y 15 años, y de quince años para la franja de 16 y 17, lo que transformaría al régimen argentino en el más gravoso y represivo de Latinoamérica) . Pero hasta estas penas draconianas pueden elevarse: basta que suceda algún hecho trágico, o lo suficientemente difundido por los medios, para que se dupliquen, o tripliquen, frente a un próximo clamor popular. Del mismo modo que sucedió con la presión del ex ingeniero Blumberg, en 2004, en que los máximos de pena aplicable a ciertos delitos subieron a los cincuenta años, obviamente sin ningún efecto en cuanto a la disminución de esos delitos.

• PORQUE VAN A METER PRESOS A LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DEL NEOLIBERALISMO QUE ESTA SOCIEDAD VOTÓ Y ACEPTÓ DURANTE UNA DÉCADA: Los adolescentes que hoy tienen 14 y 15 años nacieron entre 1994 y 1995, cuando millones de votantes reeligieron a Menem, y sus políticas, con la consecuencia de desintegración social, marginación de millones de personas, destrucción de la escuela pública, pauperización y desempleo de los padres de estos adolescentes.

Los adultos tenemos la obligación de hacernos cargo de nuestras decisiones, no solo de las que tomamos individualmente, sino de lo que avalamos, aceptamos o consentimos como sociedad. Y ser consecuentes con lo mejor de nuestra historia, con la decisión, que alguna vez tomamos, de que los únicos privilegiados sean los niños.

Aún estos, los ajenos y demonizados. Claudia Cesaroni Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) Buenos Aires, 12 de julio de 2009”

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