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El prefecto principal (RE) Francisco Manuel Martínez Loydi, acusado por crímenes de lesa humanidad e imputado en alrededor de 15 causas relacionadas con el secuestro y desaparición de personas en Bahía Blanca, durante el transcurso del último gobierno de facto, aún no fue trasladado a la Unidad Penitenciaria de Batán, según pudo saber en la víspera Ecos Diarios.

Martínez Loydi fue detenido el pasado 3 de marzo y trasladado hasta la Unidad Nº 4 del Servicio Penitenciario de Villa Floresta en una causa por crímenes de lesa humanidad que es llevada adelante por el juez Federal Eduardo Tentoni.

Justamente, el magistrado fijó un embargo de 6.500.000 pesos para cada uno de los acusados (son 11 en total) y había decidido que el ex jefe de PNA con asiento en Puerto Quequén fuera trasladado a Batán, pero hasta la fecha esto no ocurrió debido a la feria judicial, según se informó extraoficialmente.

Martínez Loydi estaba a cargo del servicio de Inteligencia de dicha fuerza nacional en Bahía Blanca, durante la última dictadura.

“Nada contra la ley”

Una vez trasladado hasta Bahía Blanca, Martínez Loydi declaró ante el juez en tres oportunidades, los días 6, 9 y 10 de marzo pasado, y allí dio las explicaciones del caso ante la presencia del fiscal Federal, Antonio Castaño, y su defensor.

Ecos Diarios tuvo acceso, en forma exclusiva, a esas declaraciones donde Martínez Loydi asegura que “estoy convencido de que yo no participé absolutamente en nada de lo que se me imputa, ni directa ni indirectamente”, puntualizando que “yo me dedicaba a mi trabajo, jamás participé en allanamientos, detenciones, interrogatorios, y menos en tormentos. Esto no es una chicana”.

Continuando con su declaración indagatoria, sostuvo que “en los años que estuve, nunca recuerdo haber visto un detenido”, agregando que “yo nunca hice nada contra la ley”.

En los autos de imputación, se hace referencia a la existencia de documentos internos de la fuerza en los cuales se describía la situación de los detenidos en la ciudad y la zona, los cuales luego eran reenviados al PEN.

Al respecto, el imputado explicó que “por ejemplo, la Unidad Penal 4 mandaba no solo a mí, a la sección mía, sino a todas, las de cualquier fuerza, cada tanto, qué detenidos recibía, la nómina. Normalmente los detenidos que se recibían ahí quedaban a disposición del PEN. Incluso muchas de estas informaciones salían en el diario local”.

Las tareas a cargo

Consultado sobre cuáles eran sus tareas a cargo de la Sección Informaciones de la Prefectura Naval de Bahía Blanca, indicó que “más que nada hacía explotación de prensa, y administrativamente todas aquellas informaciones que venían de otros organismos, las analizábamos y se la dábamos a la superioridad y la mandábamos a Buenos Aires”, añadiendo que “se recortaba cualquier cosa del ámbito político, una revuelta en la cárcel, por ejemplo. Un quite de colaboración, una huelga. Por ejemplo: renuncia el rector de la Universidad. Si había un comentario, una editorial, que a uno le parecía sesuda, se mandaba. Algunos roces o cuestiones políticas, también se podían mandar, porque pese a que había un gobierno militar, un intendente y había cositas que iban saliendo”.

“Mi tarea era buscar información general y también de la jurisdicción. Eso que se hacia en ese momento era antes del régimen militar y se hace en la actualidad. No es que era un tema porque había un régimen militar. Es así, se sigue haciendo en la actualidad exactamente igual y se hacáa así antes del golpe. No hay diferencia”, reconoció.

Ante el juez Federal, el prefecto principal (RE) reconoció sus firmas en varios de los memorandums que están anexados en la causa, algunos de los cuales brindan detalles sobre las personas que se encontraban detenidas en dependencias militares.

Por último, consultado sobre si conocía sobre detenciones, aseguró que “Prefectura no detuvo por su cuenta a nadie, pero normalmente las detenciones las hacía el Vº Cuerpo de Ejército, y algunas que pasaban a disposición del PEN, Marina”.

Martínez Loydi continuará detenido mientras sigue el proceso de la causa, aunque se descarta que alguno de los abogados defensores realice algún planteo y la misma llegue hasta la Cámara de Casación. En caso de que ésta sostenga lo mismo que el juez Tentoni, la misma podría ser elevada a juicio oral. (ECOS DIARIOS)