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2009-07-12 Informe NacionalMaterial enviado por el Lic. Jorge Mancuso

A diferencia de la década de los ’90, en que los déficits fiscales se financiaban con emisión de títulos públicos, en la actualidad se vienen cubriendo con el ahorro de los futuros jubilados. Sin embargo, como el deterioro de la situación fiscal en el 2009 es tan acelerado, aún con la estatización del régimen de capitalización los fondos resultan insuficientes. El ajuste fiscal es inevitable. Solo queda por definir si se lo hace de manera explícita a través de recortes de gastos regresivos o de manera solapada a través de un golpe inflacionario que licue salarios y jubilaciones.

Luego de las elecciones se intensificaron los interrogantes sobre la evolución de la economía. La preocupación principal es que, más allá de las manipulaciones del INDEC, son claros los síntomas de un empeoramiento de la situación productiva y laboral. ¿Este escenario está asociado a factores exógenos como la crisis internacional y los impactos económicos de la pandemia de influenza o, alternativamente, son factores domésticos los que prevalecen como explicación del deterioro en la producción y la generación de empleos?

Dada la larga tradición argentina de crisis y estancamiento asociados a desequilibrios fiscales resulta pertinente analizar la evolución de las cuentas del sector público. Según información publicada por el Ministerio de Economía, el resultado financiero del Estado nacional muestra la siguiente evolución:

  • Entre 1996 y el 2001, el sector público consolidado muestra un déficit del 2,2% del PBI explicado casi en su totalidad por el desequilibrio del tesoro nacional.
  • Entre el 2002 y el 2008, hubo un superávit de 1,3% del PBI fruto de sumar el excedente del tesoro nacional (0,4% del PBI), el de la seguridad social (0,7% del PBI) y el de los fondos fiduciarios (0,2% del PBI).
  • En los primeros 5 meses del 2009, el superávit de la seguridad social (1,3% del PBI) no alcanza para compensar los déficits del Tesoro (1,1% del PBI) y de los fondos fiduciarios de (0,3% del PBI).

Los datos indican que las finanzas del sector público están en una situación precaria. En la década de los ’90 se emitían títulos públicos que se colocaban en los mercados financieros local e internacional para cubrir la diferencia entre ingresos y gastos. Con la crisis y la megadevaluación, se generó un alivio transitorio gracias a la licuación de gasto público (especialmente jubilaciones y salarios). Pero a partir del 2009 el factor clave que financia la brecha del sector público son los aportes personales a la seguridad social apropiados luego de la eliminación del régimen de capitalización. Al igual que en la década de los ´90, se trata de un proceso de incremento del endeudamiento público sólo que en vez de ser voluntario con título públicos es compulsivo sobre los futuros jubilados.

La información oficial no sólo indica que la insolvencia del sector público sigue siendo un problema no resuelto. También sugiere que el excedente de la seguridad social está comenzando a ser insuficiente. Dado que el Estado argentino carece de credibilidad como para acceder al financiamiento voluntario y que el aumento de la presión fiscal ha llegado a un techo (32% del PBI), se impone un ajuste fiscal vía reducción del gasto público.

Esto se puede instrumentar a través de dos vías. Una es explícita, que sería eliminar y recortar gastos improductivos y regresivos. Sobran ejemplos de dilapidación de recursos públicos. En un país donde un tercio de la población vive en situación de pobreza, en parte porque los pocos alimentos que puede comprar con los exiguos ingresos que disponen son encarecidos por la superposición de impuestos nacionales, provinciales y municipales, se destinan $200 millones mensuales para sostener los gastos de Aerolíneas Argentinas. Análoga situación se aplica al resto de las empresas públicas, a los subsidios discrecionales a favor de empresas privadas, al manejo oscuro de los subsidios a las obras sociales y al mecanismo de otorgar jubilaciones a personas que no hicieron aportes y no son pobres.

El camino alternativo es no desactivar estos mecanismos perversos de drenaje de fondos y profundizar la colocación de títulos públicos coercitivamente, como se viene haciendo con la ANSES y el Banco Nación, pero avanzando sobre el Banco Central. Esto lleva a emisión monetaria sin respaldo y, rápidamente, a un recrudecimiento de la inflación. Por esta vía, el ajuste fiscal se produce igual, sólo que licuando gasto público haciendo que las jubilaciones y los salarios pierdan poder adquisitivo.

El anuncio de que, aún con el revés electoral, la decisión del gobierno es “profundizar el modelo” estaría sugiriendo que la opción implícita es aplicar el ajuste fiscal vía inflación. Será repetir –en una versión agravada– la historia argentina desde los años ’40. Esto es, por no asumir una transformación de la organización del sector público se prolongará un largo periodo de empobrecimiento y profundización de las inequidades sociales.