Fuentes judiciales aseguraron que el Máximo Tribunal está debatiendo el tema de la extracción compulsiva de sangre y de objetos personales que permitan determinar la identidad de una persona, para fallar en el caso Prieto.
Esa causa llegó a la Corte por apelación tras un fallo de la Cámara Federal que en noviembre de 2006 avaló, en el caso de Guillermo Gabriel Prieto, la realización de estudios de ADN para determinar la identidad de bebés robados en la última dictadura mediante el uso de muestras alternativas a la extracción sanguínea obtenidas en allanamientos.
Los camaristas Gabriel Cavallo y Eduardo Freiler fallaron así dado que Prieto, al igual que otros presuntos hijos de desaparecidos, se negó a realizarse una extracción de sangre. El 6 de junio de 2005 la jueza federal María Servini de Cubría ordenó allanar su casa en busca de elementos, como pelos, que permitieran realizar el estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La Cámara estableció que en casos como el de Prieto, que es querellante en la causa, prevalece «el derecho a la protección de la familia de los parientes de los desaparecidos». En esa causa están imputados quienes aparecen como los padres biológicos del joven, el ex miembro de la Marina Guillermo Prieto y su esposa Emma Rugnone.
El mes pasado, la Cámara Federal rechazó la apelación presentada por la defensa de los apropiadores de María Carolina Hidalgo Garzón, que había solicitado la nulidad del allanamiento que se realizó en su casa para obtener datos que comprobaran si es hija de desaparecidos o no.
La Sala I confirmó lo actuado por el juez de primera instancia que avaló la utilización del material recolectado para su uso por parte del Banco Nacional de Datos Genéticos. Así se comprobó que Carolina sí era hija de desaparecidos.
El fallo de la Corte es muy esperado dado que varios posibles hijos de desaparecidos se niegan a practicarse análisis de ADN para conocer su filiación. (Dju)
Noticias relacionadas
