Dra. María Angélica Bernard a cargo del Fuero en Necochea.
A partir de hoy martes comenzará a implementarse la primera etapa del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en los departamentos judiciales de La Plata, Necochea, Quilmes y San Martín. Luego seguirá el resto de la provincia hasta completar al 1º de diciembre los 18 departamentos.
“Es muy importante la decisión que ha tomado finalmente la Corte para no seguir dilatando la implementación de este sistema, por el que hace tantos años venimos peleando” indicó Adolfo Aguirre, coordinador provincial del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de Buenos Aires.
Añadió que: “Estamos convencidos, de que esto es parte de la secuencia de trabajo de todos los hombres y mujeres que nos involucramos desde un principio, para derogar definitivamente al patronato y construir estas legislaciones que apuntan a terminar con estructuras que promueven desigualdad”.
“Ahora comienza una nueva etapa hacia la defensa efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia. Para esto necesitamos más presencia del Estado con más trabajadores, tanto en los municipios como en las distintas áreas provinciales, para cumplir los desafíos que plantea el nuevo Sistema, y seguir profundizando la convocatoria ciudadana para garantizar delinear las mejores políticas de niñez en cada uno de los distritos en donde habitamos, que deben llevar adelante el estado y su gobierno” señaló Aguirre.
Cómo se inicia
El Plan de implementación del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, según lo estableció la Suprema Corte de Justicia conjuntamente con la Procuración General, contempla una primera etapa en los Departamentos Judiciales de La Plata, Necochea, Quilmes y San Martín; en tanto en Trenque Lauquen se postergó por cuestiones edilicias. Durante los meses de agosto y septiembre, comenzará a funcionar en los Departamentos Judiciales de Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, Mercedes, Morón, Pergamino, San Nicolás y Zárate-Campana. Durante los meses de octubre y noviembre en Lomas de Zamora, Mar del Plata y San Isidro.
El día jueves 10 de julio, juraron los primeros defensores y fiscales del sistema en la ciudad de La Plata. Asumieron como defensores María Raquel Ponzinibbio, Ricardo Fabián Berenguer y Julián Axat; en tanto, en el cargo de fiscales asumieron Juan Alberto Benavides, Mercedes Catani y Silvina Pérez.
El viernes 11 prestaron juramento los nuevos defensores y fiscales del Departamento Judicial de Quilmes. Como defensores asumieron los doctores Ana Inés Grillo Ciocchini, Vivian Iris Camerano y Carlos José Lagioia; en el cargo de fiscales juraron María Julia Botasso, Claudio Marcelo Cipollone y Federico Mauricio Weinstein.
Ayer lunes fue el turno de Necochea, en donde asumirá como defensor Fernando Repetto ; y como fiscal Verónica Posse. Mientras, asumirán en el Departamento Judicial de San Martín, como defensores María Lucrecia Sammartino, Mariano Sicardi y Laura Marconi; y como fiscales Néstor Grimaldi, Fabián Hualde y Marcelo Tonelli.
De qué se trata
Por la Ley 13.298 se crea el Sistema de Promoción y Protección integral de Derechos del niño/a y adolescentes en la Provincia de Buenos Aires; y por la Ley 13.634 (decreto 44/07) y ley 13.645 se crea el Fuero de Familia y el Fuero Penal Juvenil. Juntas integran en la Provincia el paradigma de la protección integral.
Esta normativa organiza los fueros donde se judicializan sólo aquellos conflictos jurídicos del derecho de familia y de conflicto con la ley penal de todos los niños de la Provincia. Hasta ahora el Patronato no diferenciaba las problemáticas asistenciales de las penales, y se les daba igual tratamiento institucionalizando en nombre de la protección o situación de riesgo, peligro material o moral. En cuanto al ámbito de la trasgresión a la ley penal, se encerraba sin las garantías del debido proceso, así como había indiscriminación en la aplicación de las medidas, lo que se llamó “sanciones encubiertas”.
A partir de la plena vigencia del Fuero Penal Juvenil, las personas de 16 a 18 años reciben el trato de sujetos de derecho, con una capacidad progresiva conforme a su desarrollo psico-físico (a diferencia del principio de incapacidad absoluta, de la situación de objetos de protección bajo el tutelaje del Estado). Es decir que sus actos generan ciertos grados de responsabilidad que los subjetiviza y les permite acceder a la categoría de ciudadanos, gozando plenamente de las garantías constitucionales, acceso a la justicia, trato igualitario, prioritario y con relación a todos los derechos. Para esto se garantiza una investigación penal a cargo de un fiscal especializado, y para ello se crean 40 en la Provincia. Habrá igual número de defensores especializados, y controlará la investigación un juez de garantías especializado, para lo cual se crean 29 cargos en la provincia.
La prisión preventiva será excepcional, sólo en casos graves y por 180 días. Tratándose de inimputables por la edad, de acuerdo a la legislación nacional (actualmente menores de 16 años de edad, ley de facto 22.278) el fiscal solicitará el sobreseimiento. En casos de extrema gravedad el juez de garantías podrá dictar una medida de seguridad restrictiva de la libertad, por tiempo indeterminado pero no más allá de la mayoría de edad. El juicio oral se realizará con los jóvenes punibles o sea de, al menos 16 años de edad imputados de delito que merezca pena de, al menos, dos años de prisión.
Las sentencias serán impugnables ante la Cámara de Apelación y Garantías departamental existente. Un equipo técnico auxiliar único por departamento judicial, formado por médicos, psicólogos y trabajadores sociales asesorará tanto a los jueces como a los fiscales y defensores.
Además se establece un sistema interdisciplinario e intersectorial que permite a quién se le imputa la comisión de un hecho que la ley considera delito, los medios más adecuados para asumir, en caso de corresponder, su responsabilidad y comprometerlo al cumplimiento de medidas socioeducativas que prevén las leyes mencionadas.
El sistema deberá además detectar cuando los derechos del joven se vean amenazados y/o violados por la omisión y/o el actuar de otros, que puede originarse en su contexto familiar, social e institucional y en ese caso promover las acciones correspondientes para que ese o esos derechos sean restablecidos ( por ejemplo Derechos a la educación , vivienda, salud, etc. ).
De esta forma se plantea un sistema de inclusión, es decir, se estará trabajando para evitar el dato estadístico histórico de que el 80 % de las personas que se encuentran detenidas en unidades carcelarias han tenido antecedentes de internación por varios años en institutos de menores, datos de un sistema que ha propiciado la exclusión.
Un poco de Historia
Desde que la República Argentina incorporó a su Constitución Nacional los Derechos del Niño, establecidos en la CIDN, en el año 1994, varios fueron los intentos de adecuar la normativa nacional a los postulados internacionales. Resulta que tanto a nivel nacional como provincial, las leyes sobre niñez pertenecían a un paradigma de control social, que judicializaba problemáticas sociales.
Los mecanismos de este sistema, arraigados en la cultura, impedían la aplicación de normativas garantistas, como fue la Ley 12.607 suspendida en diciembre del 2002. Frente a esto, durante los años 2003 y 2004, distintas personas, organizaciones políticas, sociales, gremiales y académicas, trabajaron en conjunto a fin de poner en plena vigencia dicha ley suspendida. Es así que el 23 de agosto de 2004 en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata, se conforma una herramienta en la que confluyen las distintas organizaciones: El Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, el cual fue partícipe del la creación de la nueva ley 13.298 aprobada por ambas cámaras de la legislatura provincial en diciembre de 2004.
Sin embargo el festejo duró poco, la Procuradora General de la Corte, María del Carmen Falbo, suspendió la Ley en febrero de 2005. Durante ese año, el Foro promovió la derogación total del patronato a nivel provincial, y se logró que en noviembre del 2005 se apruebe la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 26.061, que se reglamentó en abril del 2006. A nivel provincial, recién en marzo de 2007, la Suprema Corte de Justicia, reconoció la inconstitucionalidad de la medida cautelar sobre la ley 13.298 e instó al Estado Provincial y a los estados municipales, que a partir de diciembre de ese año debían readaptarse al nuevo sistema de niñez. Fue en diciembre de 2007, que comenzaron a regir los órganos y procedimientos creados por el nuevo sistema de protección integral de niños y adolescentes, que continúa avanzando de manera gradual.
Hoy, a julio del año 2008, comienza también a funcionar el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, y es la misma Procuradora, María del Carmen Falbo, quien lo habilita.
En todo este tiempo, cambiaron gobiernos y funcionarios, sin embargo, el poder de la ciudadanía en pos de lograr políticas de Estado, permite que lo que comenzamos a soñar desde hace ya ocho años, comience a convertirse en realidad. Aún falta camino, pero vamos dando pasos trascendentales.
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