El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Carlos Arslanián, a través de la Auditoria General de Asuntos Internos, expulsó a ocho policías tras constatar que se encontraran involucrados en actos de corrupción o abuso funcional en el marco de causas resueltas recientemente.
El primero de los hechos destacables se relaciona con la Exoneración del Teniente Pablo Martín Porcu, quien en la madrugada del día 7 en junio pasado en el baño de un boliche de la ciudad de Necochea, intentó abusar sexualmente de la joven de 17 años Romina Vanesa Benavides, efectuando el sumariado un disparo en la cabeza de la adolescente, quedando en coma hasta hace pocos días cuando comenzó a demostrar una franca mejoría en su estado de salud.
En el segundo de los casos se decidió las exoneraciones del Teniente 1º Fabricio Mariano González, el Sargento Mario Miguel Medina y del Oficial de Policía Fabián Rubén Pereira, quienes estuvieran involucrados en el asesinato del vigilador Gustavo Emilio Visciglia acaecido la noche del día 4 de noviembre de 2006 en San Martín.
En aquella oportunidad, el Oficial Pereira, integrante del servicio de calle de la Comisaría de San Martín 8va, junto con el ex Sargento Miguel Angel Oviedo, exonerado por otro hecho meses antes, vestidos de civil y sin ninguna identificación, abordaron el automóvil de Visciglia luego de una prolongada espera, y cuando Visciglia se retiraba de su domicilio, fue ultimado por Pereira de varios disparos.
Posteriormente se hicieron presentes en el lugar el Jefe del servicio de calle Teniente 1º González quien sabía de las actividades de Oviedo -a pesar de estar exonerado- y modificó la escena del crimen. Por su parte, el Sargento Medina pretendió ocultar un arma de fuego de Oviedo arrojándola a un descampado.
También cabe destacar el hecho sucedido en febrero de 2007 por el cual se exoneró al Teniente Primero Alfredo Nelson Verdun al comprobarse que solicitó dinero al padre de un menor detenido en la Comisaría de Gran Bourg, para arreglar la causa y mejorar su situación.
Ante ello el padre prometió que volvería con el dinero, pero denunció el pedido de coima y la Fiscalía organizó una entrega controlada de dinero, reuniéndose la suma de 1.200 pesos, apostándose en las inmediaciones personal encubierto. Cuando el denunciante entregó el dinero, ingresaron los efectivos y secuestraron entre las ropas del sumariado el dinero previamente identificado. Por el hecho se encuentra en trámite una causa penal ante la UFI Nro. 12 de San Martín.
En otro sumario se exoneró al Sargento Eduardo Néstor Basili, de la Comisaría de San Isidro 3ra, quien el día el día 16 de marzo de 2007 detuvo a una persona por averiguación de antecedentes y le solicitó dinero para agilizar el trámite. El ciudadano con temor contestó que en ese momento no tenía dinero encima, haciendo Basili un alarde de “cortesía” llevando al detenido en el patrullero hasta un cajero automático, pero como estaba fuera de servicio, llevó a la víctima hasta otro cajero automático donde pudo extraer el dinero. Ya en la Dependencia se logró secuestrar en poder del sumariado el dinero y el comprobante de extracción del cajero automático.
Por su parte, mereció idéntica sanción el Teniente Diego Martín Di Bella, quien fue exonerado al establecerse que, con otros cómplices, robó a un matrimonio de jubilados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los cuales falleció en el atraco.
Di Bella y sus cómplices ingresaron a la vivienda de la pareja bajo algún pretexto, y pusieron un narcótico en la bebida para dormirlos y de esta manera poder desvalijar la casa impunemente. La participación del sumariado se pudo determinar ya que se extrajeron rastros de sus huellas dactilares de una botella de vino que había en la vivienda.
Por último, se exoneró al Teniente Primero Juan Ramón Mendiola Huranca, Oficial de Servicio de la Comisaría de Escobar 1ra, quien atendió el día 9 de diciembre pasado a una docente que quería denunciar que le habían robado su automóvil de la vía pública. Como el rodado ya había sido encontrado semidestruido, el sumariado le solicitó dinero con la “excusa” que era la única vía para darle celeridad al trámite, a la vez que se ofrecía a destruir el vehículo por completo y de esa manera lograr el cobro del seguro en forma total.
La sanción impuesta en todas las resoluciones es la más severa de las contenidas en el régimen disciplinario policial e implica la separación definitiva de la fuerza, la pérdida de todos los beneficios inherentes al cargo y un obstáculo casi insalvable para volver a desempeñarse en cargos públicos.
