Material enviado por Leandro Bonaura*
La diputada nacional del bloque SI (Solidaridad e Igualdad) dijo que «el 11,69% anunciado por el gobierno como índice de movilidad es una burla para todos los trabajadores pasivos, y es aún una burla mayor para los jubilados y pensionados que cobran la mínima».
La diputada del SI manifestó además que «este anuncio no responde al mandato constitucional de haberes móviles sino que es un aumento, puesto responde a una fórmula inteligible que no respeta el índice dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, ni es clara y transparente; muy por el contrario, esta fórmula permite la manipulación de números y pone topes inconstitucionales que incrementarán los juicios de jubilados contra el Estado Nacional».
María América González, abogada previsionalista, señaló que «el problema radica en no haber obedecido el fallo Badaro, que indica una actualización de haberes desde 2002 a diciembre de 2006, antes de aplicar la movilidad». «Sin una recomposición de los haberes previsionales no hay índice de movilidad que alcance, y esto ya lo habíamos planteado durante el debate de la ley». «Nosotros pedíamos el índice RIPTE previa actualización de haberes previsionales, sólo de ese modo se logra compromiso sustitutivo entre salario y jubilación».
Por último, la legisladora manifestó que ante la falta de control en el uso de los fondos de la Seguridad Social, ya le envió una carta documento al titular de la ANSeS Lic. Amado Boudou, intimándolo a que en el plazo de diez días sea creado el Consejo Federal dispuesto por el art. 12 de la ley 26.425 (eliminación de las AFJP) cuyo objetivo es el control de estos fondos.
*Concejal mandato cumplido(ACT)
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