CASO MARCENAC: Rechazo de la familia Marcenac al dictamen de la fiscalía sobre el imputado Ríos

La Asociación Civil Alfredo Marcenac durante el desfile del Festival Intanfil

Por Mónica BOUYSSEDE y Adrián MARCENAC*

Es muy frecuente en nuestro país escuchar quejas de la ciudadanía acerca del funcionamiento de la Justicia. Como particulares damnificados y en nombre de los derechos de nuestro hijo Alfredo MARCENAC, brutalmente asesinado el 6 de julio de 2006, queremos expresar nuestra opinión ante el triste y lamentable dictamen de la Fiscalía respecto del asesino Martín Ríos.

Las víctimas siempre exigimos y esperamos de la justicia la defensa de los derechos que han sido arrasados por aquellos que deciden NO RESPETAR LAS LEYES. Es el caso claro y evidente del asesino Martín Ríos, quien ese 6 de julio, comenzó a disparar sin razón aparente, sólo para sentirse poderoso, con balas manualmente talladas por ÉL MISMO, que apuntó concientemente (era un tirador entrenado) disparando certeramente contra Alfredo, que guardó el arma y que HUYÓ en una salida planificada de la escena del crimen, con pleno dominio de la acción. Este individuo había cometido además otros 3 hechos anteriores con la misma arma de fuego, baleando un vagón de un tren, a un colectivo y a una pareja de jóvenes en una confitería, todo en un lapso de pocos meses. Indudablemente el asesino Martín Ríos sabía lo que hacía. No sólo sabía, sino que disfrutaba de lo que hacía, porque lo había hecho una y otra vez, porque había logrado burlar LA LEY y porque NADIE lo había descubierto. Y cuando fue sorprendido con el arma cargada, la misma con la que había cometido esos delitos y que seguramente tenía intención de volver a usar, se sintió acorralado. Entonces, por consejo de sus abogados adoptó la única postura posible: fingir que estaba loco. Y la Fiscalía, en un dictamen como hemos dicho, triste y lamentable, prefirió inclinarse por este argumento, sin buscar ni atender otras posibles razones, (que también están en el legajo médico), apelando sólo a las opiniones débilmente sustentadas de los peritos psiquiatras, quienes desde su lugar de “expertos” de oficio, ofrecieron un diagnóstico muy cuestionable, ya que definen por descarte: “…como Martín Ríos no habla…nos vemos obligados a deducir…de los elementos contenidos en autos… que es esquizofrénico…que no pudo comprender…”.

Indudablemente la Fiscalía se dejó guiar por los “modelos previstos” de comportamiento para estos casos. Algo así como suponer que si una persona tiene actitudes extrañas y por fuera de los comportamientos ESPERADOS, entonces lo encuadramos en una conducta patológica que convierte al asesino en inimputable, aunque en realidad no lo sea. Porque después de haber leído la causa más de una vez, nadie discute que el asesino Ríos manifiesta trastornos en su conducta; pero esos trastornos de NINGUNA MANERA lo privan de su capacidad para comprender y hacerse responsable de un hecho grave como MATAR A UNA PERSONA.

Es lamentable que los criterios jurídicos queden sujetos a los criterios médicos y mucho más lamentable aún, que estos criterios ni siquiera sean sometidos a discusión ni contrastados con las opiniones contrarias de testigos, historias clínicas anteriores, profesionales del Servicio Penitenciario Federal, psicólogas del CMF, que también figuran en el expediente. Es claro que en la Fiscalía operaron los paradigmas del discurso psiquiátrico (por lo menos de algún psiquiatra, que por alguna razón el fiscal considera indiscutible), sin atreverse a disentir ni emitir una opinión propia. La Fiscalía interpretó la conducta del asesino, mirando sólo lo que quiso ver.

Por último, desde nuestro lugar de padres y ciudadanos, podemos entender que nada nos devolverá a nuestro hijo. Pero es muy doloroso darse cuenta que aquellos funcionarios que debieron defender su DERECHO A LA VIDA hubieran preferido beneficiar al victimario que lo mató. Entendemos que lo justo es que el asesino sea sometido a juicio, para que las discusiones sobre su imputabilidad no queden en el plano inerte de los papeles, sino que sean discutidas públicamente y ante la ciudadanía, que tiene el derecho inapelable de conocer, e inclusive de cuestionar, los criterios que usan algunos de nuestros funcionarios judiciales para emitir opinión. Opiniones que en muchos casos, como lo escuchamos con frecuencia también de otras víctimas, contradicen las razones más esenciales de humanidad, de justicia y de sentido común.

*Padres de Alfredo MARCENAC

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