La Cámara de Diputados bonaerense aprobó este jueves y giró al Senado la suspensión del artículo 26 de la última reforma impositiva, que intentaba gravar la carga y descarga en los puertos de la provincia de Buenos Aires.
Los diputados de esta manera buscaron “corregir” los planteos surgidos desde los distintos puertos y que luego de consensuar alternativas con el Ejecutivo, se decidió suspender dicho artículo de la pasada reforma fiscal desde la fecha de entrada en vigencia y hasta el 31 de diciembre de 2010, dejando sin efecto entonces el tributo a la carga y descarga en terminales portuarias.
No obstante se modifica la ley de puertos, dejando de estar exentas de todo gravamen las actividades que se desarrollen en los Consorcios de Gestión de Bahía Blanca y Quesquén.
Así también se suprime en el primer párrafo del artículo 25 de la Ley Impositiva la frase: “que no se encuentren comprendidas en el artículo siguiente”. Por lo que se les aplicará una alícuota del 4,5% del impuesto a los Ingresos Brutos a las actividades portuarias, entre otras”.
Mediante esa misma iniciativa “se contempla una medida sectorial en Ingresos Brutos, con efectos positivos en las finanzas municipales”, según reza en el mensaje del Ejecutivo.
Para reducir los costos fijos que deben afrontar los municipios bonaerenses por la prestación de los servicios de recolección de residuos, barrido y limpieza, se equiparará en el 1,5% la alícuota del gravamen sobre esas actividades, en lugar del 3,5 que tributaban.
Además, se introdujo en el texto aprobado que solamente podrán ser gravadas las actividades portuarias con el impuesto a Ingresos Brutos ante el temor que existía de la posibilidad por parte de las terminales portuarias de pagar el impuesto a los sellos.
Durante la argumentación del proyecto, el titular de la comisión de Presupuesto e Impuestos, Franco La Porta (FpV-PJ), admitió sobre la corrección hecha a la reforma fiscal que “puede ser que en función de la urgencia se tenga que revisar este tipo de cuestiones pero lo fundamental, es que nos pusimos a trabajar a la par de las entidades para resolver este problema”.
Asimismo, reconoció que “enmendar este error que reconocemos”, ocasionó que el oficialismo haya “tenido que pagar costos”.
A la hora de mostrar sus disidencias, el diputado Walter Martello (ARI-CC), recordó que ante el apresuramiento de sancionar la reforma impositiva y las controversias que se generarían con los distintos sectores involucrados “advertimos que esto iba a pasar” y mencionó que existen “otras salidas para recaudar”.
En ese sentido citó una modificación de las alícuotas de los sectores vinculados al juego y ejemplificó que “una sola firma de la Provincia (CODERE) obtuvo 44 millones de euros en el primer semestre el año”.
Previamente, el titular del bloque GEN, Jaime Linares, pidió que el controvertido artículo se derogara tal como lo hicieron a través de un proyecto que no tuvo eco legislativo y como el bloque ARI-CC, acompañó la votación “en general” y en contra del artículo 3 que es la cuestionada suspensión. Idéntica postura tuvo el bloque de Unión Peronista, que presentó como orador del debate a Mario Cura.
Por otra parte, los diputados sancionaron la facultad para que los municipios puedan condonar parcialmente el capital como así también los intereses de las tasas municipales cuando razones sociales así lo justifiquen y siempre que s respectivos concejos deliberantes.
La normativa sancionada, contó con el apoyo del bloque oficialista y fue rechazado por los bloques del ARI, PRO, Unión Celeste y Blanca y Unión Peronista.
Además, el cuerpo por unanimidad declaró “Ciudadana Ilustre” de la provincia de Buenos Aires a quien en vida fuera esposa del ex gobernador Antonio Cafiero, Ana Goitía.
Antes, los diputados aceptaron el reingreso al cuerpo de Juan de Jesús (Fpv-PJ) luego de su paso por la Subsecretaría de Asuntos Municipales y tomaron juramento a Marta Trevisán, que reemplazará a Silvia Caballero, convocada para formar parte del ministerio de Salud como titular de la Subsecretaría de Control Sanitario.
Por último, la Cámara baja, giró al Senado el punto 16 del Orden del Día, por el que se autoriza al Poder Ejecutiva a contraer endeudamiento por 65 millones de pesos con el Banco Interamericano de Desarrollo en el marco del Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Menores que se ejecuta a través del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento.
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