La policía desalojó el viernes 25 la planta de la ex Terrabusi en medio de una represión feroz a los trabajadores que reclaman la reincorporación de todos los despedidos. En ese marco, la conducción nacional de la CTA expresó su solidaridad con los trabajadores y exigió a las autoridades una inmediata solución al conflicto.
Pedro Wasiejko, secretario adjunto de la Central indicó, en declaraciones formuladas este anochecer a ACTA, que «resulta inadmisible el uso de la fuerza para reprimir a trabajadores que están protestando en defensa de sus puestos de trabajo».
Ý añadió: «La CTA se solidariza con los compañeros en conflicto, reclama la inmediata liberación de los trabajadores detenidos y exige al Gobierno que arbitre de inmediato todas las medidas a su alcance para esclarecer los hechos, deslindar las responsabilidades y sancionar a los autores materiales e ideológicos de este atropello a los trabajadores».
Por último, Wasiejko pidió al Ministerio de Trabajo de la Nación que «tome cartas en el asunto para garantizar la fuente de trabajo al personal despedido. De lo contrario, se estará dejando en la calle a más de 150 familias en un contexto de crisis y retracción económica», subrayó.
Por su parte, frente al desalojo de los trabajadores de Terrabusi, el diputado e integrante de la Mesa Nacional de la CTA, Claudio Lozano, responsabilizó al Poder Ejecutivo Nacional y al de la Provincia de Buenos Aires «por cualquier situación represiva que pudiera plantearse contra los trabajadores de la empresa».
Señaló, además, que «el Poder Ejecutivo está permitiendo que la empresa (extranjera) desconozca las leyes argentinas haciendo de cuenta que su territorio es una suerte de embajada en la que se pueden despedir delegados que, en la legislación argentina, gozan de inmunidad por haber sido electos por los trabajadores de la empresa para integrar la Comisión Interna».
Cabe consignar que luego de una jornada intensa, la empresa y el Ministerio de Trabajo firmaron un principio de acuerdo que sólo garantiza los puestos de trabajo existentes y el pago de los salarios adeudados pero que dejó al margen a los casi 160 obreros cesanteados.
Paralelamente y cumpliendo una orden judicial, la policía cargó con gases lacrimógenos y balas de goma para desalojar la planta fabril en medio de un repudio generalizado por esta renovada demostración de judicialización de la protesta social.
Ante los graves hechos ocurridos esta tarde en la planta de la empresa alimentaria de la ciudad bonaerense de General Pacheco, los representantes nacionales de la CTA expresaron su solidaridad con los trabajadores despedidos, mientras que una representación de la CTA Capital participó de la movilización realizada en la intersección de la Avenida de Mayo y 9 de Julio.
“Repudiamos la actitud de la Unión Industrial Argentina (UIA) que respaldó a la empresa estadounidense Kraft-Terrabusi frente a los despidos y la represión ejercida sobre los trabajadores”, dijeron los dirigentes de la la Central de Trabajadores de la Argentina de la Capital Federal y de distintos gremios del sector privado que confluyen en la CTA. Además, exigieron al Ministerio de Trabajo que “realice todas las acciones tendientes a garantizar la reincorporación de todos los despedidos y el pago de los haberes caídos”.
Un recorrido por el conflicto
Luego de la tensión generada desde esta madrugada con la intervención de la Policía Bonaerense en la planta, la empresa Kraft Foods Argentina SA realizó este viernes una manifestación unilateral ante el Ministerio de Trabajo, donde ratificó su «vocación de continuar su actividad productiva» en el país, mantener los «puestos de trabajo existentes» y «cumplir con el pago de salarios correspondientes».
Los ex empleados y manifestantes reunidos dentro y fuera de la planta reaccionaron de manera contundente a la negativa de la empresa a reincorporar a los trabajadores despedidos.
Pasadas las 17.30 la policía comenzó a tirar gases lacrimógenos hacia la planta tomada por los despedidos, y desde la terraza hacia la explanada donde se encontraban los manifestantes. Más tarde, la montada ingresó a la fábrica y desalojó violentamente el playón de ingreso.
El desalojo fue por orden del juez de Garantías Nº1 de San Isidro Ricardo Costa, que emitió una instrucción para que «el uso de la fuerza pública se constituya en la medida de lo estrictamente necesario, en el último mecanismo de acción y siempre velando por el debido resguardo de la integridad física de los involucrados».
El encargado del operativo dijo que “hay unos 40 demorados” y confirmó, una hora más tarde de iniciados los disturbios, “que la planta está desalojada”. En la puerta, unos 300 manifestantes, entre ex trabajadores, agrupaciones estudiantiles y sociales, se mantenían en alerta.
«La policía entró y desató una represión feroz sobre los familiares que estaban afuera y hacia los trabajadores que estaban dentro. Esto es una brutalidad, tiraron gases lacrimógenos y balas de goma donde estaba el resto de los trabajadores y su familia, hay nenes chicos y gente grande», dijo el abogado de los trabajadores, Edgardo Moyano, desde el predio en General Pacheco.
“No nos dejaron ver el expediente en todo el día”, denunció el abogado y agregó que “la fiscal Capra no recibió a los organismos de derechos humanos”. Además expresó que “no se entiende por qué el Gobierno pone al servicio la policía en función de una multinacional y se olvida de los trabajadores despedidos”.
