La PIA asume la acción penal y solicita la reapertura de la causa que involucra a las máximas autoridades del Ejecutivo

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal general Sergio Rodríguez, hizo lugar al reclamo presentado por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) junto al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), solicitando formalmente la reapertura de la investigación en la causa conocida como $LIBRA.

Asimismo, el organismo especializado en delitos contra la administración pública interpuso un recurso de apelación en subsidio en caso de que su planteo sea denegado.

La intervención del ministerio público especializado busca revertir el sobreseimiento dictado en favor del presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y los demás funcionarios imputados en el expediente.

Tras la decisión del fiscal Eduardo Taiano de desestimar la prosecución de la acción, la PIA asumió la titularidad penal de la causa para garantizar un proceso de instrucción exhaustivo y proactivo.

Actualmente, la resolución depende del Juzgado Federal N.º 8, a cargo de forma interina del juez Daniel Rafecas. En caso de una negativa en primera instancia, será la Cámara Federal la encargada de resolver si se habilita nuevamente el expediente.

Las líneas de investigación desatendidas

Desde las organizaciones promovientes destacaron que el cierre prematuro del expediente impidió avanzar sobre medidas probatorias clave.

Entre los puntos no desarrollados se señalan:

• Trazabilidad financiera: El rastreo completo de los movimientos de fondos asociados al caso.
• Peritajes comunicacionales: La recuperación y análisis sistemático de las conversaciones y registros electrónicos de los involucrados.
• Vínculos comerciales: La verificación de posibles acuerdos de índole privada o comercial vinculados a los hechos investigados.
• Valoración probatoria: El examen integral del conjunto de indicios, superando el análisis aislado vertido en las actuaciones previas.

Vulneración de los derechos de las víctimas

El planteo presentado ante la PIA advierte además sobre fallas procedimentales en la resolución previa. Se denunció que el sobreseimiento se dictó omitiendo escuchar a las víctimas y sin permitirles requerir la revisión del criterio fiscal, contraviniendo el artículo 80 del Código Procesal Penal Federal (vigente a nivel nacional mediante la Resolución 2/19 de la Comisión Bicameral) y las disposiciones de la Ley de Víctimas.

El CIPCE enfatizó la necesidad de que la justicia federal otorgue curso al pedido de la PIA, impidiendo la consolidación de un cierre definitivo sin el agotamiento de las instancias probatorias requeridas para el esclarecimiento de los hechos.