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Los componentes del grupo trabajar S.A. , declararon ante la fiscal Analía Duarte.se desvincularon de la investigación, responsabilizando al municipio del alcalde molina. Días atrás declaró el intendente, y en unos días lo hará su funcionario del área concesiones Ricardo Jurado.

Días difíciles le aguardan al intendente doctor Daniel Anselmo Molina. No sólo en la malísima situación económica que impera en su administración sino en la causa judicial que algunos tildaron «Campingate», que viene siendo investigada desde el mes de diciembre del año 2008, por supuestas irregularidades en el traspaso de la concesión municipal de la firma Salasch S.A a Grupo Trabajar S.A.

Ya fueron citados a declarar, dos veces el intendente  doctor Daniel Molina, en calidad de imputado de «Defraudación especial en concurso ideal con falsedad ideológica», el director de Concesiones Ricardo Jurado por «defraudación especial e incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Molina, en su primera cita con la fiscal Analía Duarte, se negó a declarar, teniendo como abogado al Defensor de Pobres y Ausentes, doctor Mario La Battaglia, y al poco tiempo contrato un costoso abogado penalista, y si bien se mantiene en hermetismo su última declaración, fuentes confiables aseguran que en su exposición dejó muy expuesto al Director de Concesiones Ricardo Jurado. Molina intentaría depositarle toda la responsabilidad a su funcionario, por errores administrativos.

Rafael Mujica Lázaro, actual administrador del Camping «Miguel Lillo», explicó que realmente él no era administrador como establece la causa sino un simple empleado con el título de «gerente» para el diálogo con la sociedad, o autoridades municipales.

La conversación con fiscalía duró más de tres horas, y en todo momento Lázaro se refirió a todo lo que hizo en obras e inversiones  por el camping, y que el propio presidente de Salasch S.A Juan Hirschmann en algún momento le dijo» quedate con el camping».

Posteriormente declaró Alejandro Lugones, imputado como partícipe necesario, quien también busca salirse de las responsabilidades.

Quien deberá declarar próximamente es el funcionario de Molina, Ricardo Jurado, no sabiéndose todavía quién es su abogado defensor. Aseguran que la declaración del intendente Molina, lo  habría comprometido aún más siendo su situación muy delicada.

Próximamente el Juez de Garantías deberá definir los caminos próximos, o bien elevar a juicio oral la causa o cerrar la misma.

Quien no concurrió a la citación de la justicia fue el señor Fernández, del grupo Trabajar S.A, imputado como » partícipe necesario» en la causa, otro de los que trata de despegarse del momento sindicando al municipio como el  máximo responsable.Por ahora los caminos parecen conducir directamente al corazón de la administración «molinista».

Una causa que sigue trayendo dolores de cabeza al intendente, e intranquilidad a más de un funcionario.