Greenpeace denunció el miércoles 8 de julio, al cumplirse un año fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó al Estado Nacional a sanear el Riachuelo, que los gobiernos de las tres jurisdicciones con injerencia en la cuenca han incumplido los plazos fijados por el máximo tribunal y no han avanzado en la recomposición ambiental del área.
Activistas de Greenpeace desplegaron un papel higiénico gigante bajo el puente de La Boca con la leyenda “CFK- SCIOLI- MACRI: un papelón”, y responsabilizaron a las autoridades de las tres jurisdicciones que intervienen en la cuenca (la Nación, la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires) de la inacción gubernamental y para enfatizar visualmente que el Riachuelo continúa siendo una cloaca a cielo abierto.
El histórico fallo dictado el 8 de julio de 2008 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Causa Matanza Riachuelo establece un programa de políticas públicas de cumplimiento obligatorio, con plazos determinados, que deben ser llevadas adelante por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) para lograr el saneamiento y la recomposición de la cuenca.
Greenpeace, como organización integrante del Cuerpo Colegiado de Control, creado por la Corte para controlar el Plan de Saneamiento, afirmó que son muy pocos los avances realizados en la implementación del programa ordenado en la sentencia y denunció que la ACUMAR no sólo no ha logrado cumplir con el mandato de la sentencia, sino que tampoco cumplirá a futuro los objetivos ambientales dispuestos de acuerdo al rumbo que se pretende tomar.
No obstante, la organización ambientalista rescató como positivo el desempeño del juez federal de Quilmes, Luis Armella, que lleva adelante la ejecución de la sentencia, quien a través de varias intimaciones ha logrado fortalecer el carácter institucional del ACUMAR, con el fin de garantizar su funcionamiento autónomo.
Greenpeace denunció, además, que la ACUMAR pretende impulsar una serie de medidas que irían en contra de los objetivos ambientales dispuestos por la sentencia, como los reglamentos de Agente Contaminante y de Usos de Agua, que definen los parámetros de control para la contaminación industrial y la calidad del agua, que precisarán las condiciones ambientales futuras del Matanza Riachuelo.
Según la organización, en lo que se refiere a la contaminación industrial, el reglamento vigente que debe definir cuáles son las industrias contaminantes, carece de bases ambientales sólidas, no contempla el control de metales pesados que hoy contaminan la cuenca y que se encuentran por encima de los niveles permitidos, ni establece un cronograma progresivo de reducción de descargas, emisiones o pérdidas de sustancias peligrosas, que culminen al final del período en una meta clara de recomposición total.
En este sentido, el director Ejecutivo de Greenpeace, Martín Prieto, afirmó que “a la fecha no se han terminado de inspeccionar las 4103 industrias relevadas, ni se ha establecido un serio plan para hacerlo, es más, todavía no se han declarado cuáles son las industrias más contaminantes de la cuenca”.
Los ambientalistas también afirmaron que la reglamentación que establece los objetivos de la calidad del agua que impulsa la ACUMAR permitiría que, aún después del saneamiento, las aguas continúen estando contaminadas.
La ACUMAR establece parámetros para la calidad del agua que solo contemplan aspectos paisajísticos para que se vea y huela bien, sin establecer restricciones para las sustancias peligrosas como el cromo hexavalente, el plomo, el cadmio, el mercurio y el arsénico y dejando sin ningún tipo de mención a compuestos como el cobre y el zinc.
Según Prieto, “el plan que se pretende poner en marcha tendrá como objetivo que la cuenca esté estéticamente en una situación tolerable para hacer jogging a su alrededor o andar en bicicleta, pero no pretende que ofrezca efectivamente un medio ambiente sano, ni siquiera en el largo plazo».
Greenpeace también señala como punto de atención, el reciente crédito otorgado por el Banco Mundial para el saneamiento de la cuenca, que si bien se trata de un aporte muy significativo para el desarrollo de obras cloacales, no contempla una serie de aspectos de la emergencia ambiental de la zona, como el suministro de agua potable, el manejo de los residuos sólidos urbanos que se descargan en el lugar, ni tampoco la salud pública. — Greenpeace Argentina
