Por Claudia Korol
El 3 de abril del 2007, en la Patagonia Rebelde, los docentes de Neuquén, después de un mes de paro en reclamo de recomposición salarial y pase a planta de los trabajadores de planes sociales, decidieron cortar la ruta 22. La policía los reprimió brutalmente, y mientras escapaban de los gases y de las balas de goma, un miembro del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), disparó una granada de gas lacrimógeno a la cabeza de Carlos Fuentealba.
El maestro, con su cerebro destrozado, murió en unas horas, pero no dejó de enseñar. Su ejemplo empezó a hablar en nombre de su cuerpo ausente, a movilizar, a multiplicar la resistencia, a exigir justicia, a hacer memoria. Los maestros y maestras, sus compañeros, continuaron la lección. Señalaron como principales responsables al gobernador, Jorge Sobisch y a sus funcionarios. Pero también recordaron que sus demandas no tuvieron respuestas del gobierno nacional, ni del ministro de Educación, Daniel Filmus, ni del presidente de la Nación, Néstor Kirchner.
Diez años atrás, el 12 de abril de 1997, la policía de la misma provincia, mataba en Cutral Co a Teresa Rodríguez. Teresa tenía 24 años y era empleada doméstica. Mataron a Teresa, pero la bala apuntaba también contra la pueblada desencadenada a partir de otra lucha docente, que amenazaba multiplicar piquetes y resistencias más allá de sus propios límites. El gobernador de Neuquén entonces, era Felipe Sapag. El presidente, Carlos Menem.
Dos años antes, en Semana Santa, el 12 de abril de 1995, en Ushuaia, era asesinado por la policía provincial el obrero de la construcción Víctor Choque. La bala mató a Víctor, pero la orden de muerte tenía como objetivo desarticular la movilización obrera que se extendía en el extremo más austral del mundo. Matar el corazón rebelde del sur. El gobernador de Tierra del Fuego era José Estabillo. El presidente, Carlos Menem.
Los restos de Víctor Choque fueron llevados a su provincia de origen, Salta, de donde se había ido años atrás buscando nuevos horizontes de vida. Salta es una provincia devastada por las políticas del Banco Mundial que la declararon parte de los llamados “territorios inviables”. El término perverso anticipaba el silencioso genocidio neoliberal, que produjo los nuevos “desaparecidos” como consecuencia de la desocupación, las enfermedades, la contaminación ambiental, la represión, la depresión, el hambre. Fue repetido en numerosos discursos por Domingo Cavallo, ministro plenipotenciario durante el gobierno de Menem primero y de Fernando De La Rúa después. Los desaparecidos del neoliberalismo, comenzaron a aparecer como piqueteros en Jujuy, cortando la ruta que lleva a Bolivia; en Salta; en la Patagonia. Había que detener la rebelión. En Salta, el 10 de noviembre del 2000 fue asesinado en la ruta 34 -entre General Mosconi y Tartagal- Aníbal Verón, trabajador mecánico, despedido de la empresa de transporte Atahualpa. Aníbal Verón, de 37 años, fue fusilado con una bala de la Policía provincial, pero la bala apuntaba a desarmar la protesta que se extendía por el reclamo de los Planes Trabajar caídos. El gobernador de Salta era entonces –como ahora-, Juan Carlos Romero. La Ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza, era Patricia Bullrich. El Ministro del Interior, Federico Storani. El presidente, Fernando de la Rúa.
Unos meses antes, también en Salta, en mayo del 2000, eran asesinados los jóvenes Orlando Justiniano y Matías Gómez. Secuestrados mientras juntaban leña para llevar al piquete, fueron torturados salvajemente y muertos por la policía provincial. Luego fueron abandonados en una ruta de Jujuy, con la intención de simular un accidente. El 17 de junio del 2001, en el Día del Padre, en la misma provincia, eran asesinados los jóvenes Oscar Barrios y Carlos Santillán. Las balas que asesinaron en General Mosconi, en Tartagal, pretendían callar las voces insurrectas del pueblo norteño que había aprendido de Cutral Co el valor del corte de ruta como herramienta de lucha, cuando el paro forzoso que implica la desocupación masiva, no deja más caminos que interferir en la circulación de mercancías. Las balas eran para los jóvenes que aprendían en las rutas, las primeras lecciones de dignidad y resistencia.
Sin embargo, los asesinatos de Salta no fueron los primeros crímenes del gobierno de la Alianza. En Diciembre de 1999, en el puente de Corrientes, la Gendarmería había asesinado a los jóvenes Mauro Ojeda (18 años, sobrevivía con changas) y Francisco Escobar (25 años, cartonero). Con ellos querían matar la lucha autoconvocada de trabajadores docentes, estatales, del pueblo correntino. Los mataron las balas de los gendarmes al mando de los comandantes Chiappe y Caruso, enviados por el Ministro del Interior Federico Storani a ‘pacificar’ la provincia de Corrientes para que su interventor, Ramón Mestre, pudiera asumir el cargo. La viceministra del interior era Nilda Garré.
La Alianza terminó sus días con otro crimen: los asesinados del 19 y 20 de diciembre del 2001 en todo el país. Jóvenes en su mayoría. Trabajadoras y trabajadores, desocupados y estudiantes, motoqueros, piqueteros, amas de casa. Aníbal Ibarra era Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Carlos Alberto Reutemann era gobernador de Santa Fe. El gobernador de la provincia de Buenos Aires era Carlos Ruckauf. El Vice gobernador, Felipe Solá. Ninguno se cree responsable.
El “que se vayan todos”, en diciembre del 2001, nombraba a estos responsables de las políticas de hambre y muerte. Pocos meses después, el 26 de junio del 2002, el pueblo recibió un nuevo golpe en la masacre de Puente Pueyrredón. Los jóvenes piqueteros, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, fueron asesinados en una brutal represión que pretendía reestablecer la gobernabilidad, y garantizar el orden del miedo. El presidente era Eduardo Duhalde. El Gobernador, Felipe Solá.
Antes y después de estas muertes en protestas sociales, hubieron muchas otras muertes como consecuencia del mismo sistema. Gatillo fácil. Desaparición de mujeres víctimas de la trata. Cromañon. Los muertos y las muertas, siempre del mismo lado. Víctimas de la pobreza. Víctimas de la desesperación. Víctimas de la corrupción. Víctimas de la desocupación. Víctimas de la indiferencia. Víctimas del capitalismo.
Por eso, aunque no conocíamos el rostro, sabíamos quién era Carlos Fuentealba, el maestro de Neuquén asesinado en este abril del 2007. Sabíamos que Carlos estaba en el corte de ruta, resistiendo. Y que antes había dado clases de dignidad en las escuelas. También sabíamos que Carlos era Teresa, era Aníbal, era Darío, era Víctor, era nuestro pueblo, eran los de abajo, los de la memoria que no tiene punto final, porque tampoco hay punto final para la represión y para la impunidad.
Sabemos también quiénes lo mataron. Sabemos que el gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sobisch, tiene una responsabilidad principal en estos hechos. Una vez más dio orden de reprimir. El como Juan Carlos Romero, en Salta, manejan la provincia con criterios de patrones de estancia. Como la familia Menem en La Rioja, o la familia Kirchner en Santa Cruz. Es un sistema de poder que reparte políticamente prebendas y ventajas, en el que las burguesías locales disputan privilegios y multiplican ganancias. Por eso, es inconsistente el análisis de quienes pretenden separar, artificialmente, las responsabilidades de los gobiernos provinciales de las políticas nacionales, oscureciendo las modalidades de la división del trabajo. En el ejercicio cotidiano de la dominación, las políticas llevadas adelante en todo el país, tanto en el plano político, económico, social, como en los modelos represivos, tienen fuertes denominadores comunes. Precisamente en los mismos días en que Carlos fue asesinado, se extendía la lucha docente y la represión a la misma en otras provincias como Santa Cruz, Salta, La Rioja, Chaco, Formosa, Tierra del Fuego… ¿quién encendió la mecha?
Pensando como candidato su campaña electoral, el Ministro de Educación Daniel Filmus, el “hombre de Kirchner en la Capital”, había anunciado a fines de febrero un aumento salarial, cuya efectivización no estaba garantizada, debido a que son las provincias las encargadas de realizarlo. En la mayor parte de las provincias, se ofrecieron aumentos por debajo de lo anunciado, la mayor parte en negro, bajo la modalidad de bonificaciones. Este anuncio, de no haber sido un gesto de campaña, debería haber sido acompañado de un debate presupuestario serio, que hiciera posible cumplir con las promesas. Pero cuando llegó la hora de la verdad, ninguno de los “hombres del presidente” se hizo cargo. Y no se hacen cargo ahora, de la responsabilidad que les cabe en esta situación.
Tampoco se hace cargo el socio político de Sobisch, quien pensaba acompañarlo en la cruzada por la Presidencia: Mauricio Macri. Por el contrario, en los comandos electorales de las campañas capitalinas, el tema que se discute ahora, cínicamente, es como quitarse o cómo transferir responsabilidades, para que estos hechos “no afecten la suerte de los candidatos”. Mientras los maestros neuquinos, santacruceños, salteños, y de distintas provincias, enseñan la dignidad, estos políticos son maestros de la hipocresía, del vale todo, de la naturalización de las injusticias. Ellos, los que miran para otro lado, los que cambian de camiseta y de alianzas tres veces por día, los que descreen del pueblo, los que lo engañan, los que callan, los que otorgan, son responsables al menos de la deslegitimación de la democracia… de esta democracia suya, la del poder.
El anuncio realizado por el ministro Filmus desde la Rosada, había sido acompañado por el titular de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos), Hugo Yasky. El dirigente de CTERA (Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), no es el primero ni el último de los líderes de movimientos de trabajadores, o de sectores populares que se sumaron a la tarea de construir consenso a la dominación. Ellos, que deberían estar cada día en la organización de las resistencias, en las demandas de derechos, en la batalla popular por una vida digna, en el frío de la intemperie que se sufre en los cortes de ruta, acompañando a los maestros y maestras que en Santa Cruz tienen sus escuelas tomadas por la Gendarmería, o que fueron gaseados brutalmente en Salta. Ellos, que deberían estar junto a los que dicen representar -y no calentándose en los salones de los despachos oficiales- también tienen responsabilidad frente a estos hechos últimos, sobre todo, por la indefensión en que se encontraron los docentes.
Los maestros y las maestras, en Salta y en Santa Cruz, en Neuquén y en Formosa, sintieron la presión directa del poder, y la deserción de la dirigencia sindical que ahora, tardíamente, convoca a un paro de 24 horas. Que haya sido necesario un muerto, que se esfuercen en repetir el discurso que pretende adjudicar todas las responsabilidades al gobernador de Neuquén, es un gesto más que profundiza la desconfianza de los trabajadores y trabajadoras en lucha, hacia las conducciones burocratizadas y “enganchadas” en la política disciplinadora y domesticadora del kirchnerismo, en sus más amplias variantes.
El 24 de marzo último, dos lógicas se expresaron en los actos por los 31 años del golpe militar. La lógica de quienes creen que el tema de los derechos humanos pertenece al pasado, y que estamos en un momento de “reparación histórica”. Y la lógica de quienes sostienen que los derechos humanos tienen que ser garantizados para todos y todas. Que el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la tierra, a la vivienda, a la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, a la recreación, a la justicia, no pueden ser garantizados sólo para una clase, la clase en el poder, o para unos grupos, los amigos del presidente. Que entre los derechos humanos se encuentra también el derecho a la protesta social, el derecho a reclamar por lo que es justo, el derecho a no integrarse en la lógica de dominación a cambio de un lugar subordinado en las políticas clientelares. Que los derechos humanos, no pueden guardarse en un museo; porque la vida sigue siendo amenazada, cada vez que el pueblo se decide a reclamar con autonomía por lo que le corresponde.
Una muerte, la de Carlos, el maestro querido por su gente, vuelve a mostrar dolorosamente el abismo que se va abriendo entre estos dos lugares. Porque la sangre de Carlos no acepta dobles discursos. Porque la lucha docente requiere urgentes respuesta. Porque quienes cuentan votos y desprecian vidas, alguna vez escucharán nuevamente el eco de aquel “que se vayan todos”. Y cuando el eco vuelva, desde la Patagonia Rebelde o desde la Salta inviable, ya no será para decirles que se vayan. Será sencillamente la voz del pueblo, ocupando su lugar en la historia. Con voz de pueblo rebelde hablarán Carlos y Teresa, Darío y Pocho, y tantos y tantas, y todas y todos los que no se cansen de luchar.
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