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Material enviado por Lic. Jorge Mancuso

Con la estatización del sistema previsional, la asignación del 15% de la masa coparticipable a favor de la ANSES carece de legitimidad, ya que originalmente fue establecida con la finalidad específica de financiar la transición que imponía la creación del régimen de capitalización. Al eliminarse el régimen de capitalización, corresponde devolver esos recursos a las provincias. El problema es que, si se pusiera fin a esta apropiación indebida de recursos fiscales provinciales, el sector público nacional entraría en déficit. Se trata de otra evidencia de que el superávit de «caja» que muestra el sector público nacional no implica solvencia fiscal.

El resultado financiero del Gobierno nacional se conforma por la suma de los resultados financieros del Tesoro nacional, de los fondos fiduciarios y organismos fuera del presupuesto (como PAMI y AFIP), y el de la seguridad social. El resultado de la seguridad social surge de la diferencia entre ingresos y egresos de la ANSES. Como en la contabilidad del sector público no se registra el derecho que adquieren los aportantes a recibir en el futuro una jubilación, el superávit de «caja» de la ANSES representa una deuda no registrada.

Asimismo, aproximadamente la mitad de los ingresos de la seguridad social proviene de impuestos coparticipables. Dentro de estas asignaciones, la más importante es el 15% de la coparticipación que se deriva a sostener el financiamiento de la ANSES. Esta disposición fue justificada, en su momento, como una medida de excepción para afrontar el costo de la transición que implicaba crear un régimen previsional de capitalización. Eliminado dicho régimen, la medida carece de legitimidad.

¿Qué implicancias tiene que los legisladores hayan omitido devolver estos recursos a las provincias cuando estatizaron el sistema previsional? Tomando datos promedios mensuales publicados por el Ministerio de Economía aparece que:

• En el 2008, el resultado financiero consolidado del sector público nacional fue de $1.200 millones promedio mensual.
• En el 1º trimestre del 2009, el resultado financiero consolidado fue de $300 millones promedio mensual.
• Si se descuenta la porción del 15% de las provincias, el resultado del 2008 se reduce a $450 millones y el del 1º trimestre del 2009 a un déficit de -$400 millones.

Los datos muestran con claridad que si los legisladores no hubieran omitido rever la apropiación del 15% de la coparticipación cuando eliminaron el régimen de capitalización, el sector público nacional -aun con la imperfecta metodología contable de «caja»- habría tenido superávit en el 2008, pero muy pequeño, y en el 1º trimestre del 2009 habría registrado déficit. Esto confirma que en los últimos años no hubo un cambio fundacional en materia de administración fiscal. Si se miden correctamente las cuentas públicas y se desagregan las fuentes de financiamiento que no son sostenible en el tiempo (como los altos niveles de retenciones sobre las exportaciones, diferir la devolución de impuestos, derogar el régimen de capitalización sin devolver el 15% de la coparticipación) surge con claridad que el Estado argentino no ha dejado de ser insolvente.

Bajo el régimen de convertibilidad, la insolvencia llevó a un endeudamiento insostenible. Esto derivó en la emisión de cuasi-monedas por parte de las provincias y luego en la mega-devaluación que tuvo asociada una generalizada licuación de gasto público -especialmente, salarios y jubilaciones- y deuda pública. Luego del 2002, la inflación permitió mostrar superávit de «caja», pero la situación de fondo no ha cambiado. La eliminación del régimen de capitalización manteniendo ilegítimamente la apropiación de fondos coparticipables constituye uno de los últimos «instrumentos» disponibles para seguir disimulando el desequilibrio fiscal estructural.

Si el gobierno nacional no cede en su estrategia de apropiación de fondos provinciales, las provincias van camino a emitir cuasi-monedas. El gobierno nacional puede evitar las cuasi-monedas provinciales emitiendo dinero desde el Banco Central para mantener su nivel de gasto y simultáneamente otorgar financiamiento a las provincias. En cualquiera de los dos casos, las consecuencias son las mismas. No se está eliminando la insolvencia, sino que se la está financiando con inflación y empobrecimiento de la población.

La Constitución Nacional contempla la guía para restablecer la solvencia fiscal. La clave es descentralizar los recursos fiscales en consonancia con la asignación de responsabilidades que, según el régimen federal, están mayoritariamente en las provincias. Para que esto sea posible es necesario que en el presupuesto nacional se cierren las fuentes de derroche en burocracia central improductiva, en subsidios irritantes a empresas públicas y privadas, y en interferencias nacionales sobre las funciones provinciales.