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Kicillof amenaza con una multa de $1.815 millones por cláusulas abusivas

La gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sube la apuesta en su pulseada con el gigante del comercio electrónico.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, conducido por Augusto Costa, notificó a Mercado Libre sobre el inicio de una actuación de oficio que podría derivar en una multa de hasta $1.815 millones si la empresa no elimina una serie de cláusulas consideradas «abusivas» en sus contratos de adhesión.

La medida apunta directamente al ecosistema fundado por Marcos Galperín, empresario estrechamente alineado con el gobierno nacional de Javier Milei, y suma un nuevo capítulo de tensión entre el peronismo bonaerense y el unicornio tecnológico.

El foco del conflicto: Contratos bajo la lupa

La imputación surge tras un exhaustivo análisis realizado por la Dirección de Defensa del Consumidor sobre las condiciones generales de uso del «ecosistema MELI», así como los términos y condiciones de los préstamos personales y compras a través de Mercado Pago.

Desde la Provincia advierten que se identificaron más de diez cláusulas que infringen la Ley de Defensa del Consumidor, consagrando un marcado desequilibrio que perjudica a los usuarios.

Las principales irregularidades detectadas:

• Indeterminación de tarifas: Falta de claridad en el cobro de comisiones y cargos.
• Aceptación tácita: Modificaciones contractuales impuestas sin el consentimiento expreso del usuario.
• Traslado de responsabilidad: Exoneración de la empresa ante el uso no autorizado de las cuentas.
• Compensación de cuentas: Habilitación para debitar saldos de otras cuentas del usuario o de terceros ajenos al contrato para cubrir deudas.
• Limitación de reclamos: Cláusulas de indemnidad a favor del proveedor, exención anticipada de responsabilidad por fallas técnicas y la fijación de jurisdicciones exclusivas que dificultan el acceso a la justicia de los consumidores.

«Estas cláusulas imponen un desequilibrio desproporcionado entre los derechos y obligaciones de las partes, dejando a los ciudadanos en una situación de total vulnerabilidad», señalaron fuentes ministeriales.

Récord de quejas en territorio bonaerense

Si bien las actuaciones se iniciaron de oficio, desde el gobierno provincial aclararon que la fiscalización coincide con un malestar generalizado de los usuarios.

En los primeros cuatro meses de 2026, la provincia de Buenos Aires registró 2.396 denuncias individuales contra la plataforma. Esta cifra posiciona a Mercado Libre como la empresa con mayor cantidad de reclamos en todo el territorio bonaerense.

A partir de la notificación, la firma de Galperín —quien reside en Uruguay desde 2019— dispone de un plazo de cinco días hábiles para presentar su descargo por escrito y fijar domicilio legal en La Plata. De no mediar una propuesta firme de adecuación o supresión de los puntos señalados, la millonaria sanción se hará efectiva.

Un frente de batalla político y judicial

Este embate administrativo no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un historial de cortocircuitos entre el kicillofismo y el empresario.

El año pasado, Kicillof y Galperín protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales luego de que el empresario acusara a la Provincia de intentar aplicar un nuevo impuesto a las billeteras virtuales, versión que fue desmentida tajantemente por el Ejecutivo provincial.

En paralelo, Mercado Libre mantiene un frente judicial abierto en el corazón del conurbano: La Matanza. Allí, la gestión del intendente Fernando Espinoza mantiene clausurada una obra de 75 millones de dólares destinada a un nuevo centro de almacenamiento de 56 mil metros cuadrados operado por la firma Plaza Logística y MELI LOG S.R.L.

Cronología de la disputa en La Matanza:

• 2024: El municipio clausura las obras argumentando que la empresa no solicitó la habilitación municipal correspondiente.
• Freno judicial: La desarrolladora consiguió una medida cautelar para retomar los trabajos, alegando que la competencia regulatoria corresponde a la Corporación del Mercado Central y no a la comuna.
• Apelación: El municipio apeló la medida y la causa sigue abierta, sumando incluso el respaldo político del exministro Germán Garavano en favor de Galperín.

Con el plazo de cinco días corriendo, el gigante tecnológico deberá decidir si resigna sus polémicos términos de contratación o si estira la cuerda en una batalla legal y política que promete escalar.