Locales, Política, Provinciales

Editorial: El laberinto de la inconsistencia y el riesgo del estallido

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Horacio Castelli

La realidad, tozuda y persistente, ha comenzado a perforar el relato oficial. A estas alturas, las inconsistencias de la política económica diseñada por el tridente de Javier Milei, Karina Milei y Luis «Toto» Caputo ya no son simples grietas; son fracturas expuestas imposibles de ocultar bajo la retórica del ajuste «necesario».

Mientras en las oficinas de la Casa Rosada se celebran planillas de Excel con superávit fiscal financiero, en las calles de cada distrito del país la vida se ha vuelto una carrera de obstáculos insalvable.

Los dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) en el territorio se encuentran hoy en una posición de absoluta orfandad política: no tienen respuestas, ni herramientas, ni argumentos para explicar a sus vecinos cómo enfrentar la suba permanente y asfixiante de:

  • Combustibles y servicios: Con aumentos en gas y luz que desarticulan cualquier presupuesto familiar.
  • Canasta básica: Comestibles que suben por ascensor mientras los ingresos van por la escalera.
  • Salud y Vivienda: El descontrol en las prepagas y el mercado de alquileres que empuja a la clase media a la marginalidad.

El ataque a los Intendentes: Un error de cálculo peligroso

En medio de este escenario de devastación, resulta casi temerario que el ministro Luis Caputo mantenga su diatriba contra los intendentes y las tasas municipales.

Esos mismos gravámenes, hoy demonizados desde el Palacio de Hacienda, son los que permiten sostener —a duras penas— los servicios esenciales que el Gobierno Nacional ha decidido abandonar de forma unilateral.

Lo que los funcionarios nacionales parecen no entender (o se niegan cínicamente a reconocer) es que el Intendente es la primera línea de defensa.

Es la cara visible del Estado a la que el vecino acude cuando no hay para comer, cuando el hospital local se queda sin insumos o cuando la calle se vuelve intransitable.

La barrera social en jaque

Históricamente, los municipios han funcionado como la barrera de contención social que evita que el malestar se transforme en caos.

Al desfinanciar a los distritos y atacar a quienes gestionan la crisis en el barro, el gobierno de Milei está retirando el último dique de contención.

La economía devastada por las acciones del Ejecutivo Nacional no es solo una estadística de recesión; es un caldo de cultivo.

Si el gobierno persiste en su ceguera voluntaria y sigue ignorando que el tejido social está al límite de su resistencia, el escenario de un estallido social dejará de ser una advertencia de la oposición para convertirse en una realidad inevitable.

Gobernar no es solo equilibrar cuentas; es gestionar la paz social, una responsabilidad que el actual gobierno parece haber canjeado por un dogma económico que, día a día, le da la espalda a la vida misma.

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