Ofensiva judicial de los Colegios de Abogados contra la reforma laboral: denuncian «riesgo patrimonial» para los profesionales
Entidades de todo el país presentaron acciones judiciales para suspender artículos de la Ley de Modernización Laboral. Cuestionan los cambios en el régimen de costas y honorarios, advirtiendo que afectan el derecho de propiedad y el ejercicio de la defensa.
La implementación de la Ley de Modernización Laboral ha generado un frente de conflicto directo con los profesionales del derecho.
En una acción coordinada, 29 colegios de abogados de distintas jurisdicciones del país —incluyendo Córdoba, Río Negro, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Neuquén y Tierra del Fuego— acudieron a la Justicia Federal para solicitar la inconstitucionalidad y la suspensión de los artículos que modifican la Ley de Contrato de Trabajo.
El foco del conflicto: Honorarios y «Pluspetición»
La demanda, encabezada por el Colegio de Abogados de Villa María, recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, a cargo de la jueza Rita María Ailán.
El planteo central apunta contra los artículos 20 y 277 de la norma, los cuales introducen cambios críticos en la percepción de haberes profesionales.
Los puntos de mayor fricción son:
- Responsabilidad Solidaria: Se cuestiona la figura de la «pluspetición inexcusable», que impone costas de forma solidaria tanto al trabajador como a su abogado en casos de sobreestimación de créditos.
- Desplazamiento del Riesgo: Los letrados advierten que la reforma traslada el riesgo económico del litigio del cliente al profesional, lo que funciona como un mecanismo disuasivo para el ejercicio de la defensa técnica.
- Carácter Alimentario: La presentación recuerda que los honorarios tienen carácter alimentario y que cualquier restricción o reducción efectiva de los mismos representa una violación directa al derecho de propiedad.
Argumentos de Inconstitucionalidad
En el escrito, los colegios sostienen que el sistema legal ya cuenta con herramientas para sancionar conductas abusivas, por lo que este nuevo esquema resulta «redundante y arbitrario». Además, plantean un conflicto de competencias:
«Las normas impugnadas avanzan sobre materias de derecho procesal —como la regulación de costas y sanciones— que son de competencia exclusiva de las provincias y no del Congreso Nacional», destaca la demanda.
Peligro en la demora
Los accionantes solicitaron una medida cautelar urgente para frenar la aplicación de estos artículos. Argumentan que la vigencia de la ley genera una «incertidumbre jurídica» irreversible, afectando no solo a los abogados sino también a los justiciables, quienes podrían ver limitado su acceso a una defensa plena ante el temor de los profesionales a sufrir represalias patrimoniales por el contenido de sus demandas.
Por razones de conexidad, se ha pedido que esta causa se acumule a otros procesos similares que ya tramitan en el fuero Contencioso Administrativo Federal, donde se discute de fondo la validez constitucional de la reforma impulsada por el Ejecutivo.
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