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Histórico: Uruguay Legaliza la Eutanasia

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Aprobación de la Ley de Muerte Digna

Uruguay ha marcado un hito histórico este miércoles al legalizar la eutanasia tras la aprobación del proyecto de ley de Muerte Digna en la Cámara de Senadores, convirtiéndose en uno de los pocos países de América Latina en dar este paso.

La votación culminó un extenso debate de más de diez horas, en el que legisladores de diversos partidos expresaron su postura. La iniciativa contó con el respaldo del partido oficialista, Frente Amplio, y con votos de algunos legisladores de la oposición de los partidos Colorado y Nacional.

El proyecto aprobado busca garantizar el derecho a «transcurrir dignamente el proceso de morir» y despenaliza la eutanasia en casos específicos:

  • Mayores de edad psíquicamente aptos.
  • Que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables.

Según el texto de la ley, podrán ampararse a estas disposiciones los ciudadanos uruguayos (naturales o legales) y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República.

Próximos Pasos: Reglamentación y Comisión de Revisión

Tras la aprobación legislativa, la ley pasa ahora a manos del Poder Ejecutivo, que deberá reglamentarla en un plazo máximo de 180 días desde su promulgación.

Además, la norma establece que, a partir de la reglamentación, habrá un plazo no superior a 90 días para la conformación de la Comisión Honoraria de Revisión.

Esta comisión, que será presidida por el Ministerio de Salud Pública, tendrá como objetivo la «revisión de los procedimientos realizados en el marco del ejercicio del derecho de eutanasia». Estará integrada por:

  • Un representante del Ministerio de Salud Pública.
  • Un representante del Colegio Médico del Uruguay.
  • Un representante de la Universidad de la República.
  • Un representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

La Comisión Honoraria elaborará un informe anual que deberá ser remitido al Ministerio de Salud Pública y a la Asamblea General.