Material enviado por Lic. Jorge Mancuso
El crecimiento económico con equidad se logra con políticas públicas racionales y sustentables. Sobran los casos que demuestran que estas son las principales carencias que sufre el Estado argentino donde prevalece la irracionalidad y el cortoplacismo. Por ejemplo, dar indiscriminadamente jubilaciones a gente que no hizo aportes genera inequidades y compromisos financieros imposibles de cumplir en el futuro y manipular las tarifas de los servicios públicos lleva a estatizaciones desordenadas y tarifazos.
Desde el año 2005 se está permitiendo que se jubile gente que no completó el requisito mínimo de aportes. El mecanismo consiste en hacer simular a la gente haber trabajado en el pasado y pagar los aportes a través de una moratoria cuyas cuotas se deducen del haber previsional. El esquema no fue focalizado para beneficiar a personas de edad elevada que por no tener cobertura social se encuentran en estado de vulnerabilidad. Por el contrario, se fijó como único requisito haber cumplido la edad de retiro, es decir, 60 años las mujeres y 65 los varones. El esquema movilizó a una gran cantidad de gente, en la mayoría de los casos inducida por gestores previsionales, a solicitar el beneficio previsional. Incluso, muchas personas que ya tenían un beneficio, accedieron a una segunda jubilación.
¿Qué efectos está teniendo este mecanismo sobre el funcionamiento del sistema previsional? En base a datos de la Secretaría de Seguridad Social y de la ANSES se puede trazar el siguiente panorama:
- Hasta marzo del 2008 se habían distribuido a través del mecanismo de las moratorias 1,8 millones de beneficios previsionales.
- Estos beneficios representan en la actualidad aproximadamente el 37% del total de jubilaciones y pensiones que paga el sistema.
- En términos financieros representan aproximadamente el 31% de las erogaciones totales en prestaciones previsionales.
Los datos muestran que el esquema de moratorias ha cambiado radicalmente la situación presente y futura del sistema previsional argentino. Al punto tal que, en la actualidad, 1 de cada 3 beneficios que paga el sistema previsional no fue respaldado por los aportes correspondientes. La carga que esto implica es de tal magnitud que la lógica de financiamiento del sistema previsional ha sufrido un cambio estructural que genera una creciente deuda previsional difícil de sostener para las generaciones futuras.
Para hacer frente al explosivo e indiscriminado crecimiento de las erogaciones que las moratorias exigen se apeló, inicialmente, a negar el derecho constitucional de la movilidad a las personas que sí hicieron aportes. En un contexto de fuerte inflación, solo quienes cobraban el haber mínimo lograron mantener el poder adquisitivo. El resto sufrió un intenso proceso de «licuación» que tiende a perpetuarse luego de que el Congreso Nacional sancionó una formula de movilidad para aplicar a partir del año 2009 sin reconocer una actualización previa por la falta de movilidad en el pasado. En otras palabras, se alivia en el corto plazo las cuentas de la ANSES a través de estafar a los jubilados que hicieron aportes.
Como la distribución de beneficios con las moratorias no se detiene, la falta de movilidad terminó siendo insuficiente. Por eso, la eliminación del régimen de capitalización puede ser interpretada como una segunda estrategia para sostener el impacto negativo que están produciendo las moratorias. No es casualidad que el flujo mensual estatizado al régimen de capitalización -unos $1.200 millones mensuales- es similar al costo que implica pagar los 1,8 millones de beneficios que se distribuyeron con las moratorias.
Las moratorias son un ejemplo muy ilustrativo de una política con objetivos cortoplacistas, pero severas consecuencias de largo plazo. Sin embargo, no es el único. Los fuertes y arbitrarios ajustes sobre las tarifas de servicios públicos y peajes responden a la misma lógica. Luego de la devaluación, se desató un intenso proceso inflacionario que impactó en la estructura de costos de las empresas proveedoras de servicios públicos. Con mucho oportunismo, pero sin sustento económico ni social, se apeló a mantener congeladas las tarifas. El esquema se sostuvo paralizando la inversión, lo que implicó el deterioro de la calidad y el sostenimiento del servicio. Ante la situación de colapso, se apeló a los subsidios transfiriendo fondos públicos a las empresas privadas productoras del servicio para mantener su operatoria y a las estatizaciones usando fondos públicos para sostenerlas. Como esto tampoco alcanzó, porque el erario público tiene límites, finalmente se aplicaron fuertes ajustes sobre las tarifas.
La estatización de los aportes previsionales no soluciona los graves daños causados al sistema previsional con las moratorias porque aumenta los compromisos futuros. Es como contraer deuda para pagar gasto corriente. En igual sentido, los tarifazos generan alivio financiero en el corto plazo, pero no son la solución para volver a dar viabilidad a la producción de servicios públicos. En otras palabras, tanto en materia previsional como de servicios públicos, se pone de manifiesto que la acumulación de medidas improvisadas implica la acumulación exponencial de problemas futuros.
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