Campaña nacional para exigir que los/as jueces/zas no encarcelen a las personas en condiciones de tortura y degradación extrema.
La Constitución Nacional prescribe claramente que las cárceles no pueden ser lugares de encierro inhumano. Y enfáticamente señala que los/as jueces/zas que “a pretexto de precaución” autoricen ese encarcelamiento serán responsables personalmente (art. 18).
Miles de personas en nuestro país se encuentran hoy encerradas bajo condiciones de apremio y tortura en comisarías que no están habilitadas para ello y cuyas condiciones de vida son espantosas: carecen de alimento, salud, de todo apoyo para la resocialización. Cada una de esas personas está allí porque un/a juez/a lo permite y se desentiende de las condiciones de encierro.
Hemos llegado al punto más bajo de la cultura constitucional de la judicatura. En los últimos años se han presentado muchos habeas corpus colectivos, se ha organizado la Justicia de Ejecución, se ha escrito, se ha capacitado y se han propuesto soluciones de todo tipo. Pero nada de ello ha provocado que los/as jueces/zas se apeguen a las elementales reglas constitucionales y a la más mínima preocupación humana.
Es momento de exigir la responsabilidad personal de cada juez/a y, si ese llamamiento no prospera, denunciar penalmente a cada juez/a que permite la tortura, el apremio y tal nivel de degradación humana.
Al mismo tiempo, hacemos un llamamiento urgente a la sociedad para tomar acciones eficaces respecto de una gravísima situación que, pese a ser conocida por casi todos, parece no encontrar un camino de solución.
El último informe consolidado (diciembre de 2022) indica que más de doce mil personas estaban alojadas en comisarías de todo el país en condiciones absolutamente inadecuadas e inaceptables. La situación es de una gravedad inusitada y ninguna institución de la República puede mirar para otro lado.
El estado de situación es escandaloso. Sobre todo, porque año tras año, seguimos naturalizando que en plena democracia, tengamos a personas hacinadas en condiciones no muy distintas de los centros clandestinos de detención de la dictadura: jaulas hediondas a unas pocas cuadras de los tribunales y de los lugares en que transcurre con aparente normalidad la vida de casi todas las ciudades del país.
Tras cuarenta años del fin de la noche más oscura, la democracia tiene sus propias mazmorras y pareciera que nuevamente los/as jueces/zas no se dan por enterados de las graves violaciones de derechos que ocurren apenas a unas cuadras de sus oficinas. Esto no es admisible.
La Constitución es bien clara: impone la reinserción como finalidad esencial de las penas (CADH, 5.6), prohíbe expresamente usar la cárcel como castigo, y establece la responsabilidad personal de los/as jueces/zas que autoricen medidas mortificantes usando la precaución como pretexto (art. 18 de la CN).
No se trata de una situación sin salida: hoy, la mayoría de las normas penales y procesales del país ofrecen un amplio menú de alternativas al abuso de la prisión preventiva, y al uso de la pena de prisión como panacea universal. La larga experiencia de transformación de los sistemas penales de toda la región latinoamericana ha encontrado múltiples estrategias de diversificación de las respuestas penales que brindan mejores condiciones para las víctimas, lxs acusadxs y la comunidad.
La campaña que hoy iniciamos implicará:
- La elaboración y mantenimiento de un ranking de las provincias donde los/as jueces/zas autorizan la mayor cantidad de presxs en comisarías y una tasa que indique el porcentaje respecto de la totalidad de personas privadas de su libertad.
- La denuncia penal concreta de cada juez/a que autorice y mantenga esta situación extrema de degradación, para hacer valer la cláusula constitucional de responsabilidad personal.
- Un registro público de todos los/as jueces/zas que han sido denunciados.
- El llamado a defensores/as penales públicos/as o privados/as para que acompañen estas iniciativas o nos brinden información para hacerlo.
- El pedido a los familiares de lxs encarceladxs bajo esas condiciones para que nos envíen fotografías que documenten el estado de apremio, tortura y degradación para poder hacer un registro público de esas condiciones.
- Un llamado para que en cada provincia tengamos un grupo de personas voluntarias que se sumen a nuestra campaña.
- Un redoblado esfuerzo de asistencia técnica para multiplicar el uso de medidas alternativas más eficaces y menos violentas que el encierro.
Desde INECIP trabajamos desde hace más de tres décadas en el mejoramiento del sistema judicial argentino. Nadie puede negar que hemos bregado incansablemente para mejorar la calidad institucional, fortalecer a la judicatura para cumplir su rol de garantías y aumentar su capacidad de juzgamiento, potenciar a los Ministerios Públicos para que terminen con la impunidad estructural y la selectividad regresiva, y mejorar la calidad de los servicios de defensa.
Hemos trabajado, en conjunto con muchas organizaciones, para esclarecer y difundir ideas al servicio de una justicia penal propia de una democracia de calidad. Nos irrita profundamente tener que hacer una campaña como ésta, pero ya hemos agotado todas las otras instancias.
Tener jueces/zas que autorizan y son indiferentes a la tortura y degradación de esta magnitud es lo peor que le puede pasar a la administración de justicia.
Por eso llamamos también a jueces/zas que tienen conciencia constitucional de su misión, a las asociaciones de magistrados/as, tan sensibles para otros temas, pero de un silencio estruendoso en este campo, a que den también los debates con sus colegas.
Nos hemos cansado de escuchar respuestas tales como «el lugar de encierro no es mi problema», «nos han prometido que construirán una cárcel», «no puedo dejar libre a una persona porque los medios o los funcionarios me escrachan», etc. Todas argucias de la desidia, la burocracia, o la franca complicidad. No podemos construir con jueces/zas que piensan de ese modo. No todos piensan así, pero la condescendencia generalizada se parece mucho a la complicidad silente.
Basta.
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