La Justicia de Córdoba exhortó a la Superintendencia de Seguros de la Nación a que ordene a las compañías de seguro la implementación de pólizas “que se emitan en lenguaje claro y no técnico».
En los autos “Reartes Altamira, Brisa Antonella y otros c/ La Segunda Cía. de Seg. Personas S.A. – Abreviado – Cumplimiento/Resolución de contrato – Trámite oral”, el Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 2° Nominación de la ciudad de Río Tercero exhortó a la Superintendencia de Seguros de la Nación a que ordene a las compañías de seguro la implementación de pólizas “que se emitan en lenguaje claro y no técnico; y en un formato que resulte agradable y atractivo para el lector a fin de garantizar que todos los usuarios tengan completa y real comprensión de lo que contratan”.
Asimismo, jueza Silvana Asnal instó al ente nacional a que disponga la implementación de pólizas que sean “accesibles para personas con discapacidades permanentes o transitorias, adultos mayores, personas extranjeras y personas con escasa escolarización”.
La decisión se dio en una caso, en el que se rechazó una demanda por cumplimiento de contrato y daño punitivo en contra de una compañía de seguros. La magistrada consideró que la firma demandada no incurrió en ningún incumplimiento, pero estimó conveniente instarla a que adopte medidas efectivas para que sus clientes tengan acceso a información clara, precisa y detallada sobre los productos que contratan.
En concreto, la magistrada analizó la póliza adjuntada al expediente, y advirtió que resulta un “documento poco atractivo y difícil de leer; con letras, en algunos casos ilegibles y poco actualizado para los tiempos que corren”.
Para la sentenciantes, los modelos de pólizas que actualmente se utilizan no solo resultan “poco entendibles” para la mayoría de los usuarios, sino que “cuentan con un formato de difícil lectura, aburrido (por el tipo de letras que usualmente se utilizan) y tedioso (por el contenido y su extensión)”.
“Los jueces estamos obligados a utilizar lenguaje claro y llano, de manera que –no solo los abogados- sino los propios justiciables puedan leer y entender nuestras resoluciones. Entiendo que dicha obligación puede (y debe) hacerse extensiva a las compañías de seguro, a fin de garantizar que todos los usuarios tengan completa y real comprensión de lo que contratan”, concluyó.