Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario (CONADUV) se rechaza la injustificada solicitud de un nuevo aumento en las tarifas de peaje desde el 35 % al 50 %, por ser inapropiado y carente de todo fundamento técnico-económico.
La petición fue realizada al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires por el Esc. Ricardo Lissalde, Presidente de la Empresa concesionaria Autopistas de Buenos Aires S. A. (AUBASA).
A tal efecto se ha convocado a Audiencia Pública “no vinculante” para el día 8 de julio próximo, lo cual es un simple formalismo y representa un lamentable show donde se monta un decorado escenográfico en la pretensión de darle participación a la ciudadanía en la toma de decisiones importantes y siendo en definitiva una verdadera burla y falta de respeto a los usuarios viales y público en general.
Es sabido que tras dicho evento que es un requisito obligatorio, como ha ocurrido en anteriores oportunidades, y donde solo se expone la situación del concesionario y cómo restablecer y adecuar su ecuación económica/financiera sin considerar para nada la relación beneficio/costo de los usuarios, el incremento en las tarifas de peaje será autorizado y entrará en vigencia en el mes de julio o agosto del corriente año, tal cual ya estaba arreglado entre el Ministerio correspondiente y la empresa AUBASA , antes de la convocatoria a la Audiencia Pública convocada.
Las tarifas de peaje que se cobran son calificadas de exacciones ilegales, lesivas al interés general, carentes de causa jurídica, con niveles desproporcionados con relación al servicio, contrarias al interés general, y de beneficios abusivos para el concesionario.
Cabe señalar que a pesar de los años transcurridos soportando la estafa vial que significan estas concesiones viales claramente inconstitucionales, injustas e inviables, nunca se ha conformado un Marco Regulatorio – Ente Regulador que contemple la participación activa de los usuarios viales directos e indirectos. “Al respecto hay que destacar que las concesiones viales tienen carácter de servicio público.”
El falso peaje o impuesto al tránsito que se cobra tanto en la Autopista Buenos Aires – La Plata como en el Corredor Vial Integrado del Atlántico (Autovía 2, Ruta Interbalnearia 11 y conexas), es directamente un cargo económico e impuesto al tránsito, motivo por el cual genera serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales, a las localidades servidas por los distintos corredores, y a toda la sociedad en su conjunto.
Existen otros métodos de financiamiento vial que son mucho más adecuados que el sistema de “falso peaje” que rige en la actualidad, y a través de los cuales se podría lograr que el camino genere riquezas, y no pérdidas, consiguiendo así una efectiva baja en el costo de transporte y por ende un gran beneficio para toda la comunidad.
Considerando la grave situación que atraviesa el País, desde el CONADUV se exhorta al Gobierno Provincial no considerar ni autorizar el aumento de peaje propuesto por el concesionario, y que con coraje, voluntad y decisión política se ponga fin a estas concesiones escandalosas, quedando los respectivos corredores viales bajo la órbita de la Dirección Provincial de Vialidad, libre de peaje, y disolviendo en forma urgente la empresa AUBASA por ser innecesaria, burocrática y sumamente costosa.
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