En el gobierno de Axel Kicillof esquivan ponerle fin a las clases presenciales y siguen de cerca los casos.
En el gobierno de Axel Kicillof siguen de cerca la evolución de los contagios en las escuelas y evitan decretar una pausa en las clases presenciales luego de casi un año completo con un sistema virtual que no arrojó buenos resultados.
En Casa de Gobierno creen que la ola de contagios terminará por afectar a las burbujas y el sistema presencial quedará suspendido sin que el Gobernador tenga de decretar el fin de esa modalidad.
Aunque tampoco descartan tomar a futuro una decisión concluyente si la situación sanitaria así lo requiere, en la provincia mantienen por ahora vigente el sistema de clase semipresencial que se puso en marcha en marzo.
Uno de los factores que más pesa tiene que ver con las consecuencias que puede originar tomar esa decisión en un año electoral, toda vez que volver al esquema virtual del año pasado podría ser una medida por demás antipopular. La semana pasada, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, salió al cruce de las demandas de un sector de los docentes y aseguró que la presencialidad «está garantizada».
Otra variable tiene que ver con que el sector docente -junto con el personal de salud- tuvo prioridad ante la llegada de las primeras dosis. Suspender las clases presenciales en un sistema que tiene protocolos establecidos y que fue trabajado durante meses podría generar fuertes críticas.
Uno de los factores que pesa al momento de tomar una decisión tiene que ver con lo antipopular que puede ser en estos momentos suspender las clases presenciales. La otra variable es que los docentes tuvieron prioridad ante la llegada de las primeras vacunas al país. El argumento para inmunizar a ese sector estaba directamente vinculado a la necesidad de retomar las clases en las aulas
Los gremios que con mayor fuerza piden que los docentes y chicos continúen el ciclo escolar desde sus casas son la Udocba, un gremio minoritario ligado a Hugo Moyano, y la FEB, uno de los gremios más poderosos por la cantidad de docentes en el interior bonaerense. «Si quieren que pongan un cartel que diga «Viva la Muerte» y que cada uno se salve como pueda. Estamos pidiendo racionalidad a quienes nos gobiernan», había asegurado el líder de Udocba, Miguel Díaz.
En el gobierno cuentan con Roberto Baradel como aliado. Sobre fines de la semana pasada, el líder de Suteba logró contener el reclamo de los gremios más duros e impuso dentro del Frente Gremial (un conglomerado de sindicatos docentes donde confluyen Amet, Sadop, FEB, Suteba y Udocba) una postura más moderada de pedirle al gobierno una reunión con autoridades de los ministerios de Salud y de Educación para evaluar la situación.
Fuentes del gobierno admiten que buscan administrar la tensión entre dos sectores. La sociedad, por un lado, que pide mantener un esquema de clases presenciales y los docentes, por otro, que reclaman suspender ese sistema.
El sábado, el gobierno bonaerense salió a desmentir algunas informaciones periodísticas que aseguraban que Kicillof avanzaría con la suspensión de clases presenciales. «A futuro todo es posible. Estamos en una situación muy compleja, pero hoy eso no está decidido», dijo a LPO una fuente del gobierno.
En el comunicado emitido ayer desde el gobierno aseguraron que se están implementando políticas sanitarias para priorizar el funcionamiento de los establecimientos educativos con la modalidad presencial, a partir de la evaluación permanente del nivel de riesgo epidemiológico.
«Si la situación epidemiológica demandara modificar algún aspecto de las condiciones de presencialidad actuales será comunicado en tiempo y forma y por las fuentes oficiales habituales», dice el texto.
La polémicas surgió el sábado tras la publicación del decreto N° 178/2021. Allí se faculta al jefe de Gabinete y a la ministra de Educación, Agustina Vila, a «suspender, de manera conjunta, en forma temporaria las clases presenciales, así como a reiniciarlas, en función de la evaluación del riesgo epidemiológico».
«En aquellos casos en que resulte necesario disminuir la circulación de personas con el fin de evitar la propagación del virusSARS-CoV-2 y sus variantes, se deberán implementar políticas sanitarias que prioricen el funcionamiento de los establecimientos educativos con modalidades presenciales», agrega el texto.
En ese sentido, la normativa aclara que la posibilidad de interrumpir las clases presenciales «son de aplicación para todo el sistema educativo público, que comprende la gestión estatal y la gestión privada, conforme lo establece la Ley N° 13.688».
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